Hubo un tiempo en que se decía que la reversión al Estado de las autopistas de peaje quebradas, la mayoría de ellas radiales construidas alrededor de Madrid, no iba a costar un céntimo. Lejos queda tal afirmación y lo que se decía que iba a costar. El Gobierno ha fijado en 318,12 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por recuperar la titularidad de la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda a la sociedad que construyó y explotaba la vía y a sus acreedores, según ha informado el Ministerio de Transportes. La cantidad es el resultado de la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar el Estado por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar con el cobro de los peajes antes de que quebrara y el Estado la rescatara.

Estos 318,12 millones son la primera cantidad reconocida por el Gobierno en concepto de RPA, después de que el cálculo que realizó para la M-12 Eje-Aeropuerto arrojase que el importe a pagar era de cero euros. Pero muy probablemente no se trate de la última indemnización que fije el Gobierno. Todavía resta que establezca la RPA de otras siete autopistas cuya titularidad revirtió al Estado después de su quiebra y que ahora mismo son gestionadas por el Ministerio de Transportes.

Fórmula

En el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda, la fórmula determina una RPA de 319,90 millones, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones a las expropiaciones. De esta cantidad, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación, y otros 2,20 millones por la “minoración” de las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Además, retiene 1,77 millones más para hacer frente a pagos de este tipo aún pendientes. En total, el Departamento que dirige José Luis Ábalos determina que el Estado debe pagar 318,12 millones de euros a la exconcesionaria y los acreedores de la AP-36.

El coste de la RPA amenaza con convertirse en una larga contienda judicial entre los fondos que controlan las deudas de las concesionarias quebradas, las constructoras y el Estado. Según la fórmula del Ejecutivo, el desembolso de las arcas públicas no superará en ningún caso los 3.300 millones de euros. Sin embargo, fondos y constructoras calculan que supera los 4.000 millones de euros.

Las nueve autopistas quebradas, y cuya titularidad y gestión ha recuperado el Estado, se vieron afectadas no sólo por los erróneos cálculos de tráfico que se hicieron durante su diseño. La crisis económica apuntilló sus ya de por sí enclenques cifras de tráfico. Pero el verdadero motivo de su quiebra fue un cambio legal que disparó el precio de las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron, lo que dio al traste con la viabilidad financiera de las concesionarias.