Coronavirus

Estas son las medidas económicas aprobadas por el Gobierno

Aprueba una moratoria en el pago de hipotecas, facilitará las regulaciones temporales, se suspenderán las cotizaciones sociales y se proporcionará liquidez ilimitada a las empresas

“El mayor decreto jamás aprobado durante la historia de la democracia en España”. Así presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el plan de choque para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que contemplan una inyección de 200.000 millones de euros para la economía, el 20% del Producto Interior Bruto nacional, lo nunca visto. Con este volumen de inversión se intentará paliar el impacto negativo en el tejido productivo y apoyar a familias y ciudadanos vulnerables. Para ello, el presidente anunció una moratoria en el pago de hipotecas y alquileres para todos los afectados por la pandemia, se flexibilizarán las regulaciones de empleo, se aprobará la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y se suspenderá de forma temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.

El Ejecutivo movilizará hasta 200.000 millones de euros para afrontar estas medidas, de los que 117.0000 millones serán íntegramente públicos y el resto se recurrirá a recursos privados. De momento, se pondrán en circulación como medida “inmediata” 600 millones de euros dirigidos directamente a apoyar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la autonomías.

Moratoria para el pago de hipotecas

La segunda gran medida de este plan será la moratoria aprobada para el pago de hipotecas de todos los ciudadanos que hayan visto mermados sus ingresos por esta crisis. Por tanto, se aprobará la suspensión temporal de los pagos hipotecarios de pymes, autónomos y trabajador con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. También se ha aprobado una “ley antiopas”, para preservar la integridad de las empresas españolas si su valor se ve perjudicado por esta crisis y evitar que sean compradas por compañías internacionales. También se han tomado medidas para que no sea un coladero de fraude y ponga en peligro la estabilidad de las entidades, sólo podrá concederse bajo condiciones muy estrictas, que pasan porque empresas y autónomos que se hayan visto obligados a cerrar o a reducir al mínimo sus negocios, o que hayan visto mermados sus ingresos a niveles críticos; trabajadores implicados en regulaciones de empleo por culpa del coronavirus o quienes hayan tenido reducción obligatoria de jornada y de sueldo. “Nadie sufrirá un desahucio por esta situación extrema”, aseguró Sánchez. No se han incluido en esta medida el pago de los alquileres, ni particulares ni profesionales.

Prestación de desempleo para todos

En el aspecto laboral, el presidente anunció que se reforzará la protección de los trabajadores con prestaciones de desempleo sin tiempos de carencia, se apoyará económicamente bajas parciales o totales por cuidado de familiares y se flexibilizará todas los trámites de regulaciones de empleo temporales, para intentar salvaguardar el empleo en lo posible. El presidente incluyó también a los autónomos, para los que ha propuesto la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y el acceso al paro por cese de actividad, para lo que se acortarán los trámites. Sánchez apuntó que todas estas medidas van encaminadas a las familias, especialmente a las que tienen con mayor vulnerabilidad, para las que se han dispuesto algunas medidas que les garanticen los servicios básicos para su subsistencia. Además de las prestaciones sociales que les correspondan, el Gobierno ha aprobado una disposición especial para que se mantengan sin cortes los suministros de gas, agua y luz.

Además, se ha aprobado una línea de crédito “ilimitada” para las empresas, que tendrá un aporta inmediato de 100.000 millones de euros, que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado, así como una línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. También se ha aprobado una “ley antiopas”, para preservar la integridad de las empresas españolas si su valor se ve perjudicado por esta crisis y evitar que sean compradas por compañías internacionales. También se ha legislado para asegurar el suministro de productos básicos y para mantener operativas todas las redes eléctricas y de telecomunicaciones del país.

  • ERTEs. Se considerarán realizados por fuerza mayor, se gestionarán con rapidez, y todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero).
  • Prestaciones. El decreto permitirá la prórroga automática de prestaciones por desempleo para impedir que se pierda el derecho al no poder acudir a las oficinas de los servicios públicos de empleo.
  • Autónomos. Se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos. En realidad, se establece una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que podrán acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o que hayan reducido de manera significativa su actividad.
  • Energía. El Ejecutivo prohibirá los cortes de suministros de electricidad, gas y agua a todos los consumidores vulnerables mientras dure el estado de alarma.
  • Hipotecas. El Gobierno ha acordado una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos.
  • Colectivos vulnerables. El Ejecutivo ha aprobado un fondo específico de contingencia de 300 millones para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes.
  • Ayuntamientos. Se destinarán también otros 300 millones para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social.
  • Avales. Sánchez ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.
  • Exportación. También se pondrá en marcha una línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras.

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