El Ministerio de Sanidad ha reconocido 47.610 contagiados por coronavirus. Sin embargo, la Seguridad Social ha tramitado ya más de 130.000 bajas laborales de trabajadores afectados por la pandemia o con medidas de aislamiento por culpa el virus -por cada trabajador de baja se aislarían varias personas más del entorno familiar y de trabajo-, una diferencia de 83.000 afectados, que no estarían engrosando las listas oficiales porque la mayoría de ellos no estarían diagnosticados. Según datos de la Seguridad Social, 34.000 personas han sufrido baja laboral por causa directa del Covid-19 y más de 100.000 se encontrarían en estado de aislamiento, a los que se les concedió directamente la baja laboral por prevención. De golpe y sin querer se había triplicado la lista de posibles infectados.

Esa fue la sorprendente cifra revelada por el ministro José Luis Escrivá, que recordó que cuando comenzaron a darse los primeros casos de infectados, los responsables de su departamento decidieron igualar las condiciones de esta baja a las de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Este cambio normativo supuso un desahogo económico enorme para empresas y autónomos con trabajadores a su cargo, ya que avalaba que la Seguridad Social asumiera los costes laborales y todas las cotizaciones de la Seguridad Social, además de que suponía una gran mejora en las condiciones de la baja de los empleados implicados, ya que les permitía cobrar su prestación por desempleo desde el primer día y sobre el 75% de su base reguladora en vez del 60%.

La Seguridad Social decidió que la tramitación de las bajas laborales de los afectados por el coronavirus no se concedieran por enfermedad común, sino por contingencias profesionales, lo que permite al trabajador cobrarla desde el primer día y por un mayor porcentaje de su salario, y la Seguridad Social asume todos los gastos relacionados con el empleado y libera de sus obligaciones a las empresas. La baja por enfermedad común se cobra a partir del cuarto día, a no ser que el convenio al que se acoja el trabajador mejore esta cobertura. Entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, ambos incluidos, el abono de la prestación por esta incapacidad temporal corresponde al empresario para pasar después a pagarse desde la Seguridad Social, según recoge Efe.

Escrivá también anunció que más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria creada expresamente para este colectivo por la crisis sanitaria. “Cualquier autónomo que haya visto interrumpida su actividad profesional o reducidos sus ingresos de forma intensa tiene derecho a esta prestación”, aseguró el ministro.