Podemos se impone y retiene el control de los expatriados españoles

Las consejerías laborales en el exterior, encargadas de controlar la gestión de los asuntos laborales de nada menos que 2,5 millones de españoles que trabajan en el extranjero, se quedan finalmente en el Ministerio de Trabajo. Lo adelantó LA RAZÓN el pasado 11 de febrero y, pese a las escaramuzas para que pasaran al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha tenido que conformarse con tener voz y voto en los asuntos que tengan que ver con sus competencias. Y nada más. Porque las oficinas laborales dependerán de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, a través de la Secretaría General Técnica, según la nueva estructura ministerial aprobada para reorganizar la partición del antiguo Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Se trata de la segunda victoria de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre Escrivá. La primera fue mantener la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en su cartera, tras la «rebelión» de los inspectores laborales, que solicitaron su traspaso a la Seguridad Social alegando la vinculación de su desempeño a este organismo. La rotunda negativa de Díaz a perder a la «policía laboral» por el rédito político de la lucha contra el fraude, el trabajo precario y las futuras campañas que puedan lanzarse desde Trabajo se tradujo en el nombramiento de un director «morado» para el ITSS, Héctor Illueca, inspector de trabajo y ya ex diputado por Valencia.

El triunfo en la más reciente escaramuza le supone controlar la gestión de los asuntos laborales de 2,5 millones de trabajadores españoles que residen el extranjero, en Europa (900.000) e Iberoamérica (1,5 millones), principalmente, así como la influencia política en la colonia española expatriada y, en consecuencia, en el voto exterior.

Cierto es que Escrivá ha logrado al menos tener mando en el ámbito de sus competencias y forzar la creación de una «comisión paritaria», un órgano «consultivo» para la coordinación entre ambos ministerios al que se «informará» de los movimientos que se hagan en las consejerías y que emitirá informes vinculantes sobre la organización de las mismas, pero será Trabajo el responsable «de la organización interna y la dotación presupuestaria, así como su inspección y control», señala el apartado dos del artículo 2, dedicado a la dependencia de las oficinas laborales en el extranjero.

Las funciones de las consejerías laborales han ganado peso tras el fuerte éxodo de españoles al extranjero como consecuencia de la crisis económica, cuando más de un millón de compatriotas, sobre todo jóvenes, se vieron forzados a salir para ganarse la vida y acumular una experiencia que se les negaba en casa.

Las «oficinas laborales» operan como unidad de información polivalente para ambos ministerios. Proporcionan información a los expatriados y asesoramiento en materia de empleo, relaciones laborales, Seguridad Social y migratoria. Aunque no se trata de una «oficina de empleo», con el éxodo de la crisis las consejerías abrieron portales de búsqueda activa de trabajo. A ese carácter «asistencial» se suma la tarea de facilitar el regreso de los expatriados, certificando la documentación. Las funciones que más vinculan a las consejerías al departamento de Escrivá son las que tienen que ver con la gestión de las pensiones asistenciales, las subvenciones y los programas de atención sanitaria.