El BCE ignora al Constitucional alemán y seguirá comprando deuda

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán ha sembrado dudas sobre el programa de compra de deuda del BCE y ha caído como un proyectil en la capital comunitaria y se ha convertido en la comidilla de los últimos días. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, aseguró ayer ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara que la entidad financiera seguirá comprometida a «hacer todo lo que sea necesario» para apoyar la economía europea. Precisamente, la acción de la entidad monetaria está permitiendo mantener a raya las primas de riesgo y que los países más castigados no se vean en la obligación de acudir al fondo de rescate. La propia Christine Lagarde, presidenta de la entidad, también defendió ayer la independencia de la entidad, que cumplirá con su mandato «sin inmutarse» sobre este fallo. El tribunal con sede en Karlshure acusa a la entidad monetaria europea de no haber calibrado las consecuencias de su política, algo que De Guindos negó ayer. «No ponemos nuestra política monetaria en una torre de marfil. Cuando tomamos nuestras decisiones de política monetaria miramos sus interacciones con otros instrumentos políticos como la política fiscal o las reformas estructurales», sostuvo el español quien también recordó que el BCE responde al Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el BCE supone una rebelión difícil de entender en los pasillos comunitarios, ya que un fallo anterior del Tribunal de Justicia de la UE amparó el programa de deuda puesto en marcha en su día por Mario Draghi y las sentencias del Alto Tribunal europeo tienen prevalencia sobre cualquier tribunal nacional. Las repercusiones de este movimiento alemán no son tan sólo económicas, sino que también abren un delicado frente en el ámbito institucional y político. A este respecto, el alto representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, advirtió ayer de la «gravedad» de estos hechos ya que este fallo «cuestiona el principio de en el ordenamiento jurídico europeo existe una cadena de mando, una serie de instancias de decisión que culminan en el Tribunal de Justicia europeo».