La renta mínima costaría hasta cuatro veces más de lo previsto

El Ministerio de Seguridad Social ultima a marchas forzadas una de las promesas estrella de los dos partidos de la coalición de Gobierno: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Tanto PSOE como Podemos anunciaron que a lo largo de esta legislatura sería un hecho, y la crisis social, económica y laboral provocada por el coronavius ha precipitado su aprobación con dos años de antelación. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, éste no se retrasaría más de dos semanas, «final de mes, a lo sumo», confirmaron. El equipo que está diseñando esta renta mínima se ha visto obligado a forzar la máquina, tanto por la situación crítica que viven miles de familias como por la presión ejercida desde el Ministerio de Asuntos Sociales que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias. Pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya dejó claro que no se haría anuncio hasta que esta prestación estuviera perfectamente cerrada, y «todavía quedan muchos flecos», dijo en aquel momento.

Estos flecos son ahora muchos menos y se limitan en su mayoría a solventar las discrepancias que todavía existen con las comunidades autónomas –que ya disponen de este tipo de ingresos extraordinarios a través de las rentas de inserción– y que no estarían dispuestas a que se dupliquen estas prestaciones; a pulir todos los aspectos legales, «para que estén todos los cabos atados y no haya grietas», aseguran en el Ministerio; y a determinar los requisitos básicos, el presupuesto del que se podrá disponer y la cuantía que se deberá asignar a las familias que les sea concedida la ayuda.

Este último punto, el de la cuantía que deberá cobrar cada beneficiario, es uno de los asuntos que está complicando más su elaboración. En principio, el departamento de Escrivá iba a apostar por una cifra media entre dos indicadores: el Iprem –el de referencia para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas, situado en 548,6 euros– y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –fijado en 950 euros–. Pero, ahora mismo, y tras las presiones por parte de Asuntos Sociales y de su titular, Pablo Iglesias, el equipo de Escrivá estaría barajando aumentar esta prestación por encima de SMI. En concreto, se estaría trabajando en que el IMV tenga unos baremos establecidos según la estructura familiar de cada beneficiario. Por tanto, la prestación se establecería por tramos, que irían desde un mínimo de 462 euros al mes –establecido entre los 431 euros que se pagan por el subsidio extraordinario por fin de contrato temporal y los 548,6 del indicador Iprem– y, a partir de ahí, se iría elevando por tramos en función del tipo de unidad familiar, el número de hijos, de miembros dependientes y de gastos demostrables, hasta un máximo de 1.015 euros, según reza en el documento sobre el que se trabaja. Esa cantidad superaría el Salario Mínimo aprobado este mismo año y podría provocar agravios comparativos con esos trabajadores, aunque al menos Iglesias habría conseguido acercarse a los 1.200 euros que prometía para “su” renta mínima.

Si esto fuera finalmente así, las cuentas previas no salen. Escrivá tiene claro que no va a complicar más la delicada situación financiera de la Seguridad Social, en números rojos desde hace mucho tiempo, y ha reconocido en varias ocasiones que deberá «rascar» entre 3.000 y 3.500 millones para dar soporte a esta nueva ayuda. Si las cifras oficiales coinciden con la realidad,esta prestación debería otorgarse de forma inmediata a un millón de familias, por lo que ese presupuesto se habrá quedado muy corto. Basta con realizar simples sumas y multiplicaciones. Si, en el mejor de los casos, a todos los beneficiarios se les concediera la prestación mínima de 462 euros, el importe anual alcanzaría los 5.544 millones de euros, y superaría en más de 2.000 millones el tope máximo establecido por la Seguridad Social. En el lado opuesto, si se concediera la prestación máxima a todos los beneficiarios, la cantidad se dispararía por encima de los 12.000 millones anuales, hasta cuatro veces más de lo previsto. En cualquiera de los dos casos, las estimaciones previas habrían saltado por los aires antes incluso de su aprobación. De ahí que se vaya con pies de plomo, tanto en esto como en el resto de requisitos, que serán muy estrictos.

Entre los que se han podido conocer hasta ahora destacan que los beneficiarios -que no serán a título individual, sino como unidad familiar- deberán tener más de 23 años, no disponer de ingresos periódicos -se estaría barajando permitir hasta 200 euros al mes por individuo o 450 euros en total por todos los miembros de una familia-, ni tener patrimonio inmobiliario a su nombre -se estaría también decidiendo si se pudiera permitir tener una vivienda en propiedad con un valor por debajo de los 80.000 euros-. La idea de Escrivá es que esta renta mínima se otorgue por hogar o unidad de convivencia -habrá un complemento especial para las familias monoparentales- y se tomará como referencia para otorgarla los ingresos declarados de 2019, por lo que ya se han cruzado datos con la Agencia Tributaria para que las personas en situación vulnerable sean los principales perceptores. La cuantía final se decidirá según el número de menores y personas dependientes a cargo y se podrá solicitar a partir del mes de junio, una vez aprobado oficial mente como ya anunció el propio Escrivá en su última comparecencia en el Congreso. Allí explicó que pretende que esta prestación sea permanente, complementaria y subsidiaria a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, para garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos.

Fuentes gubernamentales confirmaron a este periódico que todavía se están ultimando todos estos detalles, por lo que “no hay nada cerrado del todo aún. Pueden producirse cambios de aquí a que se presente”. Por ejemplo, el Ministerio de Escrivá pretende -como se ha puesto en marcha con éxito en países de centroeuropa y Francia- que la concesión del IMV esté vinculado a proyectos de búsqueda activa de empleo, para incentivar, evitar bolsas permanentes de desempleo y fomentar que sus beneficiarios puedan reintegrarse al mercado laboral con mayor tranquilidad, sobre todo los trabajadores de los sectores que han perdido su trabajo durante esta crisis sanitaria.