La reconstrucción resquebraja la coalición socialcomunista

La solidez de las familias (y de las coaliciones) se confronta en las crisis. Los primeros desencuentros en la coalición socialcomunista llegaron tras un primer mes de luna de miel. Fueron leves escaramuzas: el proyecto de ley de la libertad sexual, con acusaciones de «machista frustrado» para el ministro de Justicia, que justificó el retraso en la aprobación por «defectos técnicos» del borrador remitido por la ministra de Igualdad, Irene Montero; la sentencia europea que avaló las devoluciones en caliente o el apoyo morado a la investigación al rey emérito, pese a la oposición del PSOE. Las recetas puestas en marcha para sofocar los daños económicos de la pandemia –desde el «escudo social» sin fecha de caducidad pretendido por el vicepresidente primero, Pablo Iglesias, hasta el respaldo a los empresarios– están agudizando dos visiones diferenciadas de la reconstrucción.

Hibernación

La primer polémica en este frente se suscitó por una guía difundida por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, en la que se autorizaba a los empleados a abandonar «de forma inmediata» sus puestos de trabajo ante un «riesgo grave, inminente e inevitable» de contagio. Los empresarios pusieron el grito en el cielo y forzaron la salida de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien recordó que las competencias en ese asunto eran de Sanidad y atribuyó a un «exceso de celo» de Díaz la guía. Posteriormente, surgió el dilema de la hibernación económica: Podemos la quería cuanto antes y «sine die»mientras la rama económica del Gobierno, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, nadando entre dos aguas, se mostraba más que escéptica ante las consecuencias devastadoras en la economía.

ERTE y ayudas

Las dos formaciones compiten por escribir el relato sobre quién hizo más para apoyar a los trabajadores. Mientras Iglesias defiende el «escudo social» y anuncia «nacionalizaciones, el PSOE –vía Nadia Calviño, ministra de Economía y guardiana de la ortodoxia europea– ha preferido siempre apelar al entendimiento entre el Gobierno y los empresarios. Los desencuentros por las prisas de los morados para abrir el grifo de los subsidios y el freno puesto por Calviño para no disparar la deuda y poner en riesgo la credibilidad de las cuentas llevaron a Iglesias a saltarse la cuarentena que debía cumplir. La extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es otro buen ejemplo. Mientras Podemos defendía a capa y espada la cláusula de sostenibilidad del empleo durante los seis meses posteriores al regreso al mercado laboral, el PSOE dejaba abierta la puerta a estudiar los casos en los sectores donde, como el turismo o la hostelería, la estacionalidad marcaba el fin de los contratos. Ambas formaciones se han enfrentado también, veladamente, sobre la suspensión del pago de los alquileres.

Impuestos

Iglesias no solo mantiene la subida impositiva con la que se presentó a las últimas elecciones –un alza en el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros– sino que además, y pese a la situación económica, presiona para imponer un «impuesto a los ricos», la llamada «tasa Covid». El objetivo: recaudar, según sus cálculos, unos 11.000 millones de euros, un 1% del PIB, lo que supondría un tercio del déficit del año pasado en España y más del doble del gasto en Sanidad en 2019. Las ministras Montero y Calviño reiteraron en su ultima comparecencia conjunta que no se estudian más subidas impositivas que la tasa Google, los impuestos verdes y el gravamen a las transacciones financieras. «No se plantea ni una bajada ni una subida masiva de impuestos, sino dar trámite a las figuras fiscales que se encuentran en el Congreso, así como la Ley de lucha contra el fraude fiscal», confirmó Montero.

Renta mínima

Iglesias quiso apuntarse el tanto y trató de forzar a mediados de abril su aprobación pese a que Escrivá seguía diseñando la medida estrella del Gobierno y aseguró que se había enterado por la prensa de un acuerdo definitivo y de su comparecencia para explicar el Ingreso Mínimo Vital. Al final Escrivá aprobará la medida en junio y tendrá carácter definitivo, no temporal para la crisis del Covid, como quería Iglesias, con lo que las cuantías serán inferiores a las pretendidas por Podemos. Escrivá se mueve entre el Iprem (548 euros) y el SMI (950 euros). Iglesias quiere alcanzar los 1.015 euros por familia. La diferencia entre una postura y la otra ronda los 8.5000 millones de euros.