El juez del “caso Popular” cita de nuevo como testigos a De Guindos y Ana Botín

Sus comparecencias se aplazaron por el estado de alarma: el ex ministro declarará, por videoconferencia, el 30 de septiembre y la presidenta del Santander lo hará el 8 de octubre

El ex ministro Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, declarará como testigo el 30 de septiembre

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la quiebra del Banco Popular, ha vuelto a citar a declarar como testigos al ex ministro de Economía Luis de Guindos y a la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, cuyas comparecencias se aplazaron como consecuencia de la vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

El actual vicepresidente del Banco Central Europeo testificará el 30 de septiembre, en su caso por videoconferencia (como había acordado ya el instructor), y Botín lo hará el 8 de octubre. En un principio, la presidenta del Santander estaba citada el pasado 28 de mayo y De Guindos el 2 de abril, pero la suspensión de todas las actuaciones de carácter no urgente obligaron a aplazar ambas diligencias.

En total, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia fija fecha para una decena de comparecencias, todas de testigos, entre las que figuran también la del actual presidente del Banco Popular, Rodrigo Echenique, que debía comparecer mañana y ahora lo hará el próximo 15 de octubre, y la de Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya citación estaba fijada cuatro días después de la entrada en vigor del estado de alarma, el 18 de marzo, y que se traslada al 17 de septiembre.

El 6 de octubre testificarán Miguel Ángel Franco, director territorial de la zona norte del Banco Popular en 2016; Manuel Quero, responsable de la zona centro de la entidad en esas mismas fechas; Alfonso Ruspira, director entonces de la zona de Cataluña/Baleares; José Baonza, que estaba al frente del área de Levante; Luis Marín, ex director de la zona de Andalucia de la extinta entidad bancaria, y Fernando Merino, ex responsable de la red del Banco Pastor.

El magistrado investiga en esta causa al ex presidente del Banco Popular -absorbido en 2018 por el Santander- Ángel Ron por administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. En su declaración ante el juez, Ron acusó a su sucesor, Emilio Saracho, de la quiebra de la entidad y de querer venderla a bajo precio. Al juez le aseguró que el banco «era solvente» y defendió la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016, una operación que para Saracho «se quedó corta", pues estima que hacían falta 8.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez.

Ron, sin embargo, defiende que esos 2.500 millones eran adecuados y recordó que los auditores de la entidad ratificaron al ampliación, al tiempo que responsabilizó a su sucesor del desplome financiero por no haber ejecutado el “proyecto Sunrise”, que apostaba por recurrir a los activos financieros de la entidad para intentar sanearla.

La Audiencia Nacional exoneró hace unos meses al Banco de España de responsabilidad patrimonial por la resolución del Popular. La Sala de lo Contencioso concluyó que el organismo regulador carecía de competencias en materia de supervisión del Popular, que correspondían al Banco Central Europeo (BCE).