El Gobierno acorrala a la clase media

España es un país de clase media. Lo refleja la realidad y lo confirman las estadísticas, con un 76% de propietarios de viviendas, un porcentaje muy superior a los países de nuestro entorno, y un 45% de los hogares con activos inmobiliarios que no son la primera vivienda. Los datos indican que hay casi un millón de españoles con un patrimonio superior al millón de euros, pero también que hay muchas familias con ingresos muy inferiores a la media europea que tienen tres casas: la vivienda habitual, un apartamento en la playa y la casa del pueblo. España es también un país de empresas familiares. Solo 4.650 superan los 250 trabajadores por 1,3 millones con una plantilla inferior y 1,5 millones de autónomos sin asalariados. Las grandes empresas apenas representan un 0,16% de las sociedades inscritas. Según el Instituto de Empresa Familliar, el 88,8% de las empresas españolas que tienen a las familias como núcleo generan el 66,7% del empleo y el 57,1% del PIB.

Con esta configuración, resulta casi imposible que un incremento de la presión fiscal no termine por afectar a la clase media y a los pequeños empresarios, por mucho que el Gobierno de coalición socialcomunista se empeñe en afirmar que el desorbitado incremento del gasto «lo pagarán los ricos». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo reiteró en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados: la subida de impuestos «no afectará ni al ahorro de las familias ni a las pymes», al referirse al impacto en la aplicación de la llamada «tasa Tobin». El impuesto, que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Según la ministra, el impuesto servirá para «reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis» ya que existe «un privilegio inaceptable y un agravio para el conjunto de los contribuyentes».

Con estos argumentos, la coalición trata de vincular las operaciones bursátiles con la especulación y no con el ahorro o la inversión, pese a que más de dos millones de hogares tienen acciones de cotizadas, muchos de ellos pensionistas que mantienen títulos con solera desde que, con el «desarrollismo», el español de a pie, el del 600 y el apartamento en la playa, se atreviera con las «telefónicas».

La participación de las familias españolas en la propiedad de acciones cotizadas de empresas españolas ronda el 17,2%, según los datos de BME, lo que aclara que las inversiones en bolsa no son cosa de cuatro orondos fumadores de puros que queman billetes para prender sus habanos cual millonario del Monopoly.

Y es que la clase media española es más extensa de lo que el Gobierno da a entender. De acuerdo a la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF), la riqueza neta mediana de los hogares es de 115.100 euros y la media, de 253.000 euros. Datos oficiales del Banco de España.

Más reseñable es la disposición de esa riqueza, ya que un 97,6% de las familias españolas posee algún tipo de activo, real o financiero. Los activos reales constituyen el 80% del valor de los activos totales de los hogares. Esta proporción disminuye al aumentar la renta. Es decir, a mayor capacidad económica, menor es el peso de los activos reales y mayor el de los financieros. Sin embargo, incluso para las familias con mayor renta, los activos reales siguen representando una parte elevada del total (72,2%). La vivienda es el activo más importante de las familias, ya que implica el 54,2% del valor de los activos reales para el conjunto de los hogares y un 43,3% del valor de los activos totales. A continuación, los dos activos de mayor peso son los constituidos por otras propiedades inmobiliarias, que representan el 35,3% de los activos reales y el 28,3% de los totales.

En definitiva, los ahorros de los españoles están, sobre todo, en el ladrillo. Y eso pese a que, tras la anterior crisis, con su extensión inmobiliaria, y la recuperación económica, se redujo en 9 puntos el peso de los activos reales sobre el total, con las segundas residencias nivelando la caída del peso de la vivienda principal.

El 84,6% de las familias tiene algún tipo de activo real con un valor mediano de 156.000 euros. El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal es del 75,9% mientras que un 45% de los hogares son propietarios de activos inmobiliarios que no son su vivienda principal. Más concretamente, un 31,9% posee una vivienda que no es su vivienda principal, seguido, por orden de importancia, de un 13,8% que posee solares y fincas. Un 11,4% de los hogares tienen activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miembro del hogar.

Pero a pesar del fuerte peso de la vivienda, los activos financieros representan un 20% de la riqueza de las familias. Por orden de importancia, se encuentran los planes de pensiones (16,2%), las participaciones (13,8%), las acciones cotizadas (13%), los fondos de inversión (9,4%) y los valores de renta fija (0,3%), según los datos de la EFF de 2017. Los hogares con mayores rentas invierten un 20% en participaciones o acciones cotizadas, mientras que para el resto de los hogares el peso de estos productos es menor del 6%.

El 2,8% de los hogares más pobres tiene acciones en bolsa

En cualquier caso, un 11,6% de los hogares españoles poseen de manera directa acciones cotizadas en bolsa, lo que representa 2,1 millones de hogares de los 18,6 millones registrados. Y no es solo cosa de clases altas o medias. El 2,8% de los hogares con menor distribución de renta tienen acciones cotizadas. El valor mediano acumulado es de 6.900 euros.

Además, un 7% de los hogares tiene fondos de inversión con un saldo mediano de 28.000 euros. El creciente peso de los Fondos de Inversión en las carteras de los españoles, por su ventajoso tratamiento fiscal, explica en parte esta menor participación directa de los pequeños inversores en bolsa. Pero todo podría saltar por los aires con los planes para eliminar las deducciones de estos planes de ahorro en favor de los fondos de empresa.

En cualquier caso, los residentes aún dominan la mayoría de la bolsa española a pesar de que los «extranjeros» controlan un 48% de la capitalización bursátil de las cotizadas españolas. Esos «residentes», desde los hogares con más recursos a los que menos tienen, serán quienes paguen la «tasa Tobin» de forma directa o diferida ya que, según los cálculos de Inverco, este impuesto reducirá, por ejemplo, un 6% la rentabilidad de los planes de pensiones durante 25 años.

Pero el Gobierno de Sánchez tiene planes recaudatorios más ambiciosos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo deslizó en su última comparecencia en el Congreso. Según dijo, el Ejecutivo espera a la revisión en la que trabaja la Autoridad Fiscal (AIReF) sobre beneficios fiscales para «ver si se puede hacer algo distinto», ante un montante de unos 80.000 millones a los que «renuncia» el Gobierno con su actual sistema recaudatorio. «Nuestra base fiscal es baja. Renunciamos a 80.000 millones», reiteró Escrivá. Esos miles de millones que se quedan en los bolsillos y que tan necesarios serían para relanzar el consumo –algo que hasta la propia ministra de Hacienda reconoció como esencial– son los que el Gobierno quiere arrebatar cuanto antes a los contribuyentes.

Porque alcanzar cifras de recaudación como las que se plantea la coalición socialcomunista no es posible atacando solo a los contribuyentes que ganan más de 130.000 euros al año, el 0,5% del total según Hacienda. Tampoco a las 727 empresas que suponen casi el 50% de la recaudación del Impuesto de Sociedades.

Nadie duda de que el llamado impuesto a la banca para implantar un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas y del 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos, que recaudaría unos 1.200 millones, lo terminarán pagando los usuarios. Como la «tasa Google» a las tecnológicas (968 millones de recaudación prevista). Al margen queda el impuestazo al diésel, que supone 600 millones de hachazo para todos, o la reforma del IRPF (328 millones). Unos 5.678 millones más recaudados que afectan también a la clase media. La sola mención de esos 80.000 millones a los que el Estado «renuncia» por la «baja fiscalidad» dispara las alarmas y la apertura de cuentas en Alemania.