La pandemia agrava la violencia contra las niñas y mujeres

No es fácil ser mujer en El Salvador. Se trata del país con más feminicidios de América Latina y el Caribe. Solo en 2018 fueron asesinadas allí 232 mujeres. El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y quienes lo cometan se enfrentan a penas de entre seis y doce años de cárcel. El reclutamiento forzoso de las organizaciones criminales o las amenazas de muerte también forman parte del día a día de muchas salvadoreñas, que en ocasiones ven en la migración la única opción para salvar su vida y la de su familia.

Luciana fue maltratada por su marido durante doce años. «Vivía solo pendiente de atender mi casa, a mi marido y a mis hijas, sin salir, porque me lo prohibían. No podía hacer nada por mí misma porque me sentía culpable», cuenta. Gracias a Ayuda en Acción, ha podido escapar de la violencia: «Si no hubiera ido a esas reuniones, tal vez hoy no estaría aquí», confiesa.

Igual de triste es la historia de Neehta, víctima de trata a los catorce años en Nepal. Nepal es uno de los países menos desarrollados de Asia. La pobreza, la falta de oportunidades y los desplazamientos forzosos originan el caldo de cultivo perfecto para las mafias de trata, que se aprovechan especialmente de la vulnerabilidad de las mujeres y la infancia. La permeabilidad de las fronteras con China y la India agrava aún más la situación. Se calcula que más de 20.000 personas sufren anualmente esta forma de esclavitud en Nepal. El 98% son mujeres y niñas. y entre ellas se encuentra Neehta. «Unos amigos me ofrecieron trabajo como bailarina en Katmandú. Cuando llegué, el lugar era un club donde me obligaban a bailar medio desnuda para los clientes», recuerda. Su madre, Sushmita, cuenta cómo Neetha permaneció allí retenida una semana: «Fui de club en club buscándola hasta que la encontré. Ahora puedo morir tranquila. Ella es libre y tiene un futuro».

Faltan leyes

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de abusos es una de las metas establecidas por la ONU en su Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, recogida en su objetivo número 5 (igualdad de género). Los datos son escalofriantes. Una de cada cinco mujeres y niñas ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima durante los últimos doce meses. Sin embargo, en 49 países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia, la mayoría de ellos en el África susahariana. Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. En Latinoamérica la persistente violencia costó la vida al menos a 1.831 de ellas en 2016, según un informe regional elaborado por el PNUD y ONU Mujeres.

La ONG Ayuda en Acción colabora activamente en la protección de las mujeres y niñas maltratadas. En Nepal, por ejemplo, trabaja desde 2015 para ayudar a más de 33.000 personas como Neehta a escapar de la trata. Su principal labor se centra en la organización de campañas de sensibilización y prevención, el apoyo a casas de acogida de menores, así como el rescate, asistencia legal y rehabilitación de las víctimas. «Desde 2015 se han producido avances importantes, pero las brechas de género son tan profundas y culturales que los avances son pequeños», explica Almudena Barrio, responsable regional de Ayuda en Acción para México y Centroamérica. A pesar de que hay más niñas escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz, la cultura está tan arraigada que es complicado romper con la violencia que se ejerce sobre ellas. Barrio explica la situación en Nepal: «Las niñas se compran y venden para la prostitución. A veces lo hacen los propios padres, otras veces un hermano, incluso algún familiar las roba. Si la niña es virgen la venden más cara. Desde nuestra ONG las metemos en un círculo de protección».

En Kenia, las menores son víctimas de la mutilación genital. Es una práctica en la que toda la comunidad se ve inmersa. Las mujeres lo aceptan y los hombres lo exigen. «Trabajar a nivel educativo para que las niñas entiendan que tienen derechos y que otra realidad es posible es fundamental para evitar esa práctica», explica Barrio. En Centroamérica los abusos a niñas y adolescentes son también habituales, como lo es el mirar hacia otro lado ante estas situaciones. «Culturalmente está aceptado que un señor mayor abuse de una niña. Las hay que con diez años se quedan embarazadas, pero la violencia que los Estados ejercen con sus políticas opresoras hace imposible interrumpir los embarazos, incluso cuando está en peligro la vida de la menor». La COVID- 19 también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas de ellas se encuentran atrapadas en casa con sus abusadores.

Fuentes de la ONG Plan Internacional, apelan a la labor de los Estados para que, por un lado, ratifiquen los tratados internacionales que protejan los derechos de las mujeres y de las niñas, y, por el otro, adopten y cumplan planes y leyes para poner fin a la violencia de género, dotándolas de los recursos adecuados para ejecutarlas. También es esencial que las niñas y las jóvenes participen en la elaboración de las normas, leyes y medidas, especialmente las más vulnerables (migrantes, desplazadas, que viven en países en conflicto, que viven en zonas rurales, indígenas, etc.) para que sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean tenidas en cuenta.