«El proceso de ajuste fiscal requerirá que el nivel de gasto público se adecúe al de los ingresos, o a la inversa. Este matiz es importante: podemos optar por reducir el gasto, por aumentar los ingresos o por una combinación de ambas estrategias; pero cuadrar los unos con los otros, desde una perspectiva temporal amplia, no es optativo». Con esta lapidaria afirmación el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzó ayer un aviso de navegantes al Gobierno sobre el dilema que tiene ante sí: cómo pagar el desorbitado gasto público acumulado esta legislatura. A tenor de sus últimas decisiones, acciones y anuncios, Pedro Sánchez va a tomar el camino del aumento de la presión impositiva ante la previsión de un gasto social desorbitado por el sostenimiento de las prestaciones sociales.

El Gobierno de Mariano Rajoy apostó por la austeridad forzado por la amenaza de la intervención. Por ello, llegó a reducir el gasto público hasta los 466.000 millones de euros en 2014. Pero la recuperación y las buenas perspectivas tras superar el bache de la Gran Crisis volvieron a elevar ese gasto hasta el entorno de los 500.000 millones. Pero esa cifra ya se ha quedado pequeña y las previsiones apuntan a que el Gobierno de Pedro Sánchez puede acercar peligrosamente esa cifra al récord de los 600.000 millones.

Con este panorama, en el que la crisis sanitaria del coronavirus ha generado «una disrupción de la actividad económica de una magnitud elevadísima» que producirá los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en épocas de paz –entre el 16% y el 22%, augura el supervisor bancario para el segundo trimestre del año–, Hernández de Cos advirtió de que mantener unos niveles de deuda pública permanentemente altos «lastra el potencial crecimiento económico, deja la economía expuesta a cambios de sentimiento en los mercados y reduce el margen para afrontar perturbaciones imprevistas como la crisis actual». Por tanto, apostó ayer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso por una revisión del sistema fiscal para hacer frente a esta situación –marcada por los menores ingresos públicos, tanto por la bajada de la recaudación impositiva por la caída del consumo como por la bajada de cotizantes– y por un saneamiento de las cuentas públicas «a medio plazo», que reduzcan de «forma efectiva» el elevado déficit y la deuda pública.

En este sentido, el gobernador ve positiva una revisión de la fiscalidad que busque aumentar la recaudación y reducir las deducciones y beneficios fiscales que provocan un tipo efectivo medio del IVA más bajo que el de los países del entorno, por lo que ve margen para aumentar el gravamen, revisando los bienes con los tipos reducido y superreducido. Defiende que en España la imposición sobre el consumo es más baja, «no porque el IVA sea más alto o más bajo, sino porque el número de bienes sujetos al reducido o superreducido es mayor», recuerda.

Esto parece dar soporte a la intenciones del Ejecutivo, que ya prepara una batería impositiva para pagar su Programa de Reconstrucción, que esconde una subida generalizada de impuestos para alcanzar los 20.000 millones de ingresos que necesita. Para ello, tiene la intención de incrementar el IRPF a las rentas más altas; endurecer el impuesto de Sociedades; ajustar y equilibrar Sucesiones y Patrimonio en todas las comunidades autónomas –la pretensión es impedir por ley su bonificación–; desarrollar definitivamente las figuras de las tasas Tobin –sobre el mercado bursátil– y Google –a los servicios digitales–; gravar los combustibles –especialmente el diésel–, apostar por las tasas verdes y acotar el margen de beneficio de las socimis, entre otras medidas.

Aunque De Cos, en el documento presentado ayer en el Congreso, ve «margen recaudatorio», evita entrar en el debate ideológico sobre si hay que subir o bajar impuestos. Eso sí, tiene claro que el elevado nivel de beneficios fiscales existente «genera pérdidas importantes de recaudación, y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo». En su opinión, los impuestos españoles –IVA, IRPF o Sociedades, principalmente– no son muy distintos al resto de los de los países europeos, pero sí las deducciones y bonificaciones, por lo que aboga por analizar estas deducciones para determinar si cumplen su objetivo. Sin embargo, apuesta por la adopción de imposiciones indirectas, algo que choca con las intenciones del Ejecutivo, que prefiere ingresos directos, aunque no vaya en consonancia con la fiscalidad europea.

Según sus datos, la recaudación impositiva en España, incluyendo los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la UE en unos 2 puntos porcentuales. Y entorno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA.

Lo que sí advierte al Ejecutivo es que la reforma fiscal sólo debería acometerse cuando el PIB crezca de forma sostenible, «una vez que se hayan disipado los efectos de la crisis, no antes» –apunta–, con recortes anuales del déficit estructural del 0,5% del PIB, lo que «permitiría situar la deuda por debajo del 100% a finales de 2030». Para conseguirlo tiene su propia receta, al margen del sistema fiscal: reforzar el sistema educativo; mejorar la competitividad; reformar el sistema de pensiones –que incluiría retrasar la edad de jubilación–; reducir la temporalidad y proteger el empleo –apuesta por un sistema mixto similar a la «mochila austriaca»–, entre otras. Para De Cos, la reforma de los sistemas de pensiones y de empleo son fundamentales para la consolidación fiscal.