La crisis sanitaria pone en riesgo los avances en derechos humanos

Llamamiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas a las empresas para que las medidas colectivas para frenar el brote de la Covid-19 respeten el estatus y la seguridad de sus trabajadores

La pandemia de la Covid-19 ha dado lugar a una crisis sin precedentes en nuestra época. Prácticamente todos los países del mundo se han visto afectados en una escala mayor o menor por esta emergencia y sus consecuencias van más allá de las sanitarias, habiéndose convertido rápidamente en una crisis económica y social. Esta situación excepcional ha obligado a numerosos Estados a adoptar medidas extraordinarias para frenar la transmisión del virus: confinamiento de la población, restricciones en la circulación, redirección de recursos económicos, cierre de negocios, etc.

Aunque estas medidas responden a la prioridad máxima de salvar vidas, es importante no perder el foco respecto a las posibles vulneraciones que puedan producirse en materia de derechos humanos, especialmente entre los más vulnerables. Por ejemplo, las medidas de confinamiento y distanciamiento social son prácticamente imposibles de cumplir para las más de 1.800 millones de personas que viven en la calle. También para 2.200 millones en todo el mundo para los que lavarse las manos regularmente no es una opción, por carecer de acceso a agua limpia.

Perspectiva de género

La perspectiva de género es especialmente relevante en esta emergencia. Las mujeres representan el 70% de la fuerza de trabajo del sector sanitario, lo que incrementa su exposición y riesgo de contagio. Además, las medidas de confinamiento de muchos países están dando lugar a un alarmante repunte de la violencia de género. Aunque los efectos más visibles de esta crisis se produzcan en el periodo en el que la enfermedad está presente, sus repercusiones sociales y económicas perdurarán en el tiempo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta crisis puede afectar a más de 436 millones de empresas, que correrían el riesgo de interrumpir su actividad y amenaza con la destrucción de 305 millones de empleos en el mundo y 3,5 millones en España, especialmente en el comercio minorista, sector turístico e industria. Además, se calcula que puede llevar a la pobreza a entre 341 y 611 millones de personas en el mundo, la mayoría en África, Asia y América Latina.

Ante esta perspectiva, resulta urgente no perder el enfoque de derechos humanos dentro de la respuesta a esta crisis. La emergencia de la Covid-19 ha afectado especialmente a los colectivos que sufren exclusión social y ha acentuado las desigualdades y los casos de discriminación. Por ello, se hace necesario que las medidas realizadas para frenar la pandemia y para entrar en un escenario de recuperación pongan el acento en las personas y sus derechos. Este enfoque está alineado con la declaración de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El lema de la declaración, no dejar a nadie atrás, y su vinculación con la Declaración Universal de Derechos Humanos, convierte a los ODS en la mejor hoja de ruta para lograr salir de esta crisis fortalecidos. Especialmente ahora, los derechos humanos y la Agenda 2030, como dos marcos interconectados, tienen que estar más presentes que nunca en las estrategias de administraciones públicas, empresas y sociedad civil.

Ante la emergencia de la Covid-19, el papel de las empresas es fundamental. Con independencia de su sector, actividad o tamaño, la respuesta por parte del sector privado debe ser rápida y clara, anticipando escenarios y adoptando medidas para minimizar los daños, mantener el empleo y salir reforzadas.

Las empresas, además, tienen la responsabilidad de que sus acciones no generen impactos negativos en los derechos de sus grupos de interés, evitando situaciones de discriminación y poniendo el foco en los colectivos más desfavorecidos. Con este objetivo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas hizo un llamamiento a todas las empresas para que adopten medidas colectivas con el objetivo de frenar el brote de la Covid-19, apoyar a las y los trabajadores y facilitar la continuidad de las empresas para una rápida recuperación. Este llamamiento incluía un enfoque especial en derechos humanos y laborales, recomendando que se tengan en cuenta especialmente las necesidades de los colectivos más vulnerables, o que se garantice un entorno de trabajo seguro para empleados y empleadas, entre otras medidas.

Principios Rectores

El marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de la ONU puede ser muy útil para las compañías a la hora de afrontar esta situación, señalan desde Pacto Mundial Red Española. Este marco establece la responsabilidad del sector privado de respetar los derechos humanos, que, si bien no es vinculante legalmente, comporta una norma de conducta mundial aplicable a todas las organizaciones. En concreto, establecer un proceso de debida diligencia en toda la cadena de valor, identificando los impactos negativos en los diferentes ámbitos de los derechos humanos, puede ayudar a dar otra perspectiva a las medidas tomadas y a profundizar en soluciones que pongan en el centro a las personas.

Aunque quizá los grupos de interés que más pueden verse afectados ante esta situación sean los empleados y empleadas, conviene no perder de vista a otros grupos de interés. Los proveedores, clientela, consumidores/as y la población de las comunidades donde la empresa opera deben estar también en el centro de las medidas tomadas. Por último, todas las medidas adoptadas por la empresa deben ser comunicadas de forma transparente y clara a los grupos de interés afectados. Además, la información suministrada por la empresa relativa a la Covid-19 debe ser fiable y contrastada, para evitar desinformación, apuntan desde Pacto Mundial.