Empresas y sindicatos se plantan ante los ERTE: “Estamos hasta los cojones”

Los agentes sociales se han levantado de la mesa de negociación con el Gobierno para la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo: sindicatos y patronal afirman que las posturas enquistadas que no auguraban ya una fácil resolución ayer se han mantenido hoy. Los recursos del Estado comienzan a escasear para hacer frente a los ingentes gastos que afronta y la «cirugía fina» o «tijera» asoma en esta nueva prórroga para los 740.000 trabajadores aún en «paro temporal». Pese a todo, aún hay voluntad de extender las ayudas hasta finales del próximo enero si se desencalla el punto muerto en que están varadas las partes. Incluso, según las fuentes consultadas, los líderes empresariales y sindicales tratarán de desbloquear la situación este fin de semana y todo podría quedar despejado para el arranque de semana. Pero hoy los negociadores han decidido arrojar la toalla entre reproches por un marco que –según sindicatos y patronal– deja fuera a casi 500.000 de los 750.000 trabajadores afectados.

“Estamos hasta los cojones”, ha reconocido abiertamente alguno de los negociadores a este diario sobre la cerrazón en la que ha entrado el Ejecutivo, más preocupado de “hacerse la foto” cuanto antes que de salvar a las empresas y trabajadores ante el peor momento que se avecina con el otoño.

Pese a los desencuentros, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se mostraba optimista en la mañana de hoy al indicar que ya se ha acordado elevar el llamado «contador a cero» de seis meses a 196 días (medio mes más) y aplicarlo durante todo 2021. La ministra anunció otros puntos de acuerdo, como que se implantará una prestación para los trabajadores fijos-discontinuos por la falta de temporada turística y sostuvo que la prestación asociada al ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses. «Estos asuntos ya están zanjados», dijo la ministra, así como el del plazo de los ERTE, que no será «cerrado».

Con estos avances, Díaz consideraba que «se está cerca» de alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTE a partir de octubre y ha asegurado que el Gobierno «se va a dejar la piel y no se va a levantar de la mesa» hasta lograrlo. «Me parece que estamos cerca, es cierto que hay matices, pero creo que estamos cerca (del acuerdo)», afirmaba. Nada más lejos de la realidad.

Los agentes sociales no aceptan los recortes que pretende el Gobierno, que cosecha su primer revés en este terreno. La sectorialización de los ERTE en esta nueva prórroga amenaza con dejar fuera a sectores clave muy intensivos en mano de obra para centrarse en los que Trabajo ha identificado como los más estancados (turismo, agencias de viaje, ocio y cultura, y transporte). La lista deja fuera multitud de actividades que solo estarán protegidas en caso de rebrote, un aspecto que rechazan las patronales y UGT. Los empresarios amagan con no firmar hasta que no haya algún tipo de cobertura. «No se avalará ningún acuerdo con el Gobierno que deje tirado a alguna empresa o algún autónomo», dijeron fuentes de la negociación a este diario.

Por su parte, los sindicatos también ven lejos aún el acuerdo pese al optimismo de la ministra. Las fuentes sindicales consultadas aseguran que hay dos asuntos cruciales aún por resolver y en los que las posturas están lejanas: los sectores que se quedan fuera y las exenciones, que aún no satisfacen a los agentes sociales por el recorte que sufren.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, solicitó la eliminación de las exoneraciones a la incorporación tras un ERTE y que esos recursos se destinen a ayudar a empresas en crisis, una petición en la que coinciden con los sindicatos, según pudo recabar este diario. «Mantener las exoneraciones (a la contratación) como hasta ahora tiene un coste de 900 millones de euros. Quite usted las exoneraciones y con esos 900 millones de euros, cada mes, ayudaría a 900.000 autónomos a pagarle la prestación (por cese de actividad) de 661 euros y exonerarle la cotización a esos autónomos que lo necesitan. Muchos de ellos tienen el negocio cerrado o con pérdidas superiores al 75%», ha zanjado.