¿En qué van a notar las familias la mayor crisis de la historia?

La segunda oleada de Covid-19, que llega en forma de tormenta de arena, augura para la economía española una larga travesía del desierto, que impide vislumbrar el fin de la recesión, en la que España ha entrado oficialmente tras registrar dos trimestres seguidos en negativo, el último con un desplome del PIB del 21,5%. La incertidumbre sobre la duración y la intensidad de la pandemia se ha apoderado de tal manera de la economía que ha tirado por tierra todas las previsiones de los organismos oficiales. La única certeza que existe ahora es que lo peor está aún por llegar, como pronostica el propio Banco de España. En este contexto, el gran interrogante a despejar es si esta recesión se convertirá o no en una gran depresión. De momento, nadie puede predecir qué ocurrirá, aunque es evidente que se llevará por delante a muchos hogares españoles. Familias que han entrado en el umbral de la pobreza, parados, pensionistas, funcionarios, hoteleros, restauradores, obreros de la construcción y autónomos constituyen los colectivos que padecen con mayor virulencia esta tormenta perfecta.

¿Ingreso Mínimo, tabla de salvación?

La pandemia del coronavirus ha aumentado la población en riesgo de exclusión social. Según la última encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE de julio pasado, 9,7 millones de personas están en riesgo de pobreza en España. En este escenario ¿el ingreso mínimo vital constituye una tabla de salvación para estos hogares? Todo indica que no. La burocracia, el vuelva usted mañana de Larra y el colapso consiguiente sufrido por la Administración a la hora de tramitar esta renta, así como la de los ERTE y la de la prestación por desempleo, han dejado, de momento, de un plumazo a centenares de miles de personas fuera del cobro de la misma. Un sistema como el actual, totalmente digitalizado, en el que se tramitan anualmente on-line millones de declaraciones de contribuyentes, a la hora de la verdad se gripa con la gestión de 840.000 expedientes del IMV, que lleva una demora de meses en su abono por falta de tramitación. De hecho, sólo la perciben once de cada cien hogares que tienen derecho a esta renta. Hasta la fecha, 840.000 personas han presentado su solicitud, de las que se han concedido después de tres meses 112.000. Para corregir esta situación, el Gobierno ha aprobado una ampliación hasta el 31 de diciembre de plazo para la tramitación de estos expedientes y ha decidido que la prestación se perciba con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Pero, mientras se desatasca la Administración, casi medio millón de personas viven en el umbral de la pobreza sin ingresos suficientes para poder afrontar el pago de los gastos de sus viviendas y la alimentación de sus hijos.

¿ERTE, el camino?

Miles de trabajadores acogidos a ERTE también han padecido el colapso del Sepe, que desbordado se ha demorado en la tramitación de esta prestación antes, durante y después del verano. Ahora está en el aire la supervivencia económica de 770.000 trabajadores y un millón de autónomos acogidos a ERTE y al cese temporal de la actividad, respectivamente, cuyo plazo concluye el 30 de septiembre. En estos momentos, el Gobierno y los interlocutores sociales negocian su prórroga. La decisión del Ejecutivo de concentrar esta ayuda en el turismo dificulta la consecución de un acuerdo. Los agentes sociales desean que se extienda a todos los sectores, pese a que éste es uno de los que se halla al borde de la bancarrota por el cierre del país durante el estado de alarma y por el pánico desatado entre el turismo extranjero al contagio por los rebrotes. Pero, si todo es susceptible de empeorar, lo hará y la decisión del Gobierno de suspender los viajes del Imserso representa un misil en la línea de flotación del sector, que encuentra en este turismo de la tercera edad una de las fuentes de ingresos durante la época invernal.

Además del sector turístico, el de la construcción, junto con el del comercio, es uno de los más castigados por la recesión económica, con una caída de su actividad del 21,9%. De ahí que sus 1,3 millones casi de trabajadores también miren a la herramienta de los ERTE como una tabla de salvación para salir a flote ahora que se bajarán del andamio en la segunda oleada del coronavirus. Sin duda, el principal escollo para la prolongación de esta medida es su elevado coste, en una situación de desplome de los ingresos del Estado. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá a 42.000 millones de euros entre las exenciones y prestaciones con cargo a la Seguridad Social y al Sepe, respectivamente.

Más paro y menos empresas

Sin duda, de la mano de esta segunda oleada del virus centenares de miles de personas perderán su empleo. Además de los 1,77 millones trabajadores y autónomos acogidos a ERTE y a cese temporal de la actividad, cuando acabe el año se prevé que 3.721.440 personas estén desempleadas. En total, ahora casi 5,4 millones de individuos se hallan en un limbo de nadie. Sin embargo, esa cifra puede aumentar, según la intensidad y duración de la pandemia. De cumplirse los peores augurios del Banco de España, casi al 40% de la población ocupada (18.607.200 personas) se puede quedar en la calle y sin trabajo, confirman fuentes de la autoridad monetaria a LA RAZÓN. Evidentemente, muchas empresas, especialmente pymes, que representan más del 85% del tejido industrial español, corren el riesgo de cerrar definitivamente sus puertas. En la anterior recesión bajaron la persiana nada más y nada menos que 355.000 sociedades de 2008 a 2013, según los datos el INE. Esta cifra podría verse ahora superada con creces, según los vaticinios de los diferentes organismos.

Funcionarios y pensionistas

Desde luego, la tormenta se cebará más con las personas empleadas en el sector privado que con las que trabajan en el público. Sin embargo, un desfase insostenible de la cuentas públicas este año de un 10,34% del PIB, según calcula el Gobierno, casi 100.000 millones de euros más que 2019, no sólo hipotecará de por vida a generaciones venideras, sino que amenaza también con impactar en las nóminas del sector público. El Ejecutivo estudia ahora congelar los salarios de los empleados públicos, un total de 2,6 millones de trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local, organismos públicos y empresas públicas. Con esta congelación de nómina, perderán unos ingresos medios anuales de 577 euros y supondrá un ahorro de más de 1.500 millones de euros. Mientras, los pensionistas no percibirán este año ninguna paga extra por la desviación del IPC, al registrar caídas continuadas. Además, el Ejecutivo no descarta congelar sus nóminas el próximo año, todo dependerá de la evolución epidemiológica.