¿Subidas de impuestos a los ricos?

Una de las principales consignas de la campaña tanto de PSOE como de Podemos fue que venían a implantar «justicia fiscal» dentro de la sociedad española: a saber, que se dedicarían a subir los impuestos a las rentas más altas para así incrementar la redistribución hacia las rentas más bajas. En realidad, calificar de justicia lo que no era más que un pretendido atraco fiscal a mano armada siempre fue un abuso del lenguaje, pero por desgracia se ha convertido en un abuso del lenguaje demasiado común en nuestra era. Sea como fuere, las izquierdas prometieron centrar su rejonazo en los ricos para mejorar la vida de los pobres y, hasta el momento, han centrado su campaña en lanzar globos sonda que graven los ingresos de las clases medias e incluso de las rentas bajas.

Primero, los trabajadores que opten por teletrabajar podrían terminar viendo cómo su factura fiscal se incrementa. Si el equipo que el empresario proporciona al empleado para teletrabajar (como, por ejemplo, el ordenador portátil) y los gastos de suministros que sean abonados por la compañía (como parte de la electricidad o la conexión a internet) son considerados rentas en especie del trabajador, entonces este experimentará un alza de sus ingresos fiscales que elevarían su base imponible y su cuota líquida. Salvo que la Dirección General de Tributos se pronuncie en un sentido opuesto al anterior durante los próximos meses, todos lo que opten por el teletrabajo terminarán pagándole más al Fisco (desincentivando irresponsablemente esta modalidad laboral).

Segundo, el Gobierno también quiere establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Con el pretexto de proteger la salud de los ciudadanos, el Estado terapéutico-fiscal buscará nuevos asideros impositivos. Pero nuevamente tengamos en cuenta que este impuesto recaerá con más intensidad sobre las rentas más bajas, pues ellas son las que gastan un mayor porcentaje de su renta en estos productos. Además, los presuntos beneficios sanitarios de este impuesto están lejos de haber sido demostrados. Ni está claro que desincentive el consumo de estas bebidas (si su demanda es muy inelástica, los compradores se limitarán a pagar precios más elevados), ni tampoco que fomente un consumo alternativo más saludable (acaso se dejen de comprar bebidas azucaradas para adquirir otros productos aún más insalubres). Lo único cierto es que Hacienda gana.

Y tercero, el Ejecutivo también ha planteado suprimir la exención por IVA de ciertos servicios educativos y sanitarios. En tal caso, el coste de escuelas, universidades y hospitales privados pasaría a encarecerse en un 21% salvo que esas compañías decidieran asumir, contra su cuenta de beneficios, parte del rejonazo fiscal. La consecuencia sería doble. Por un lado, estos servicios se volverían únicamente accesibles para los más ricos, denegando semejante opción a muchos ciudadanos de clase media. Por otro, todos aquellos antiguos usuarios de estos servicios que no puedan costearse el sobreprecio sobrecargarán la sanidad y la educación pública, de modo que o se gasta más en ellas o se deterioran todavía más los servicios. ¿Qué sentido tiene subir impuestos con el objetivo de reducir el déficit si, al final, contribuyes a disparar el gasto y por tanto el déficit?

En definitiva, las subidas impositivas que plantea el Gobierno son sablazos que castigarán al conjunto de los ciudadanos con el único propósito de reforzar el control que el Estado ejerce sobre la sociedad.

Las pensiones, en riesgo

Hasta ahora solo había una casa de análisis que fuera moderadamente optimista sobre la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones en España: la AIReF del hoy ministro José Luis Escrivá. En 2019, este organismo independiente emitió una opinión según la cual el gasto en pensiones en 2048 (su peor momento) apenas alcanzaría el 13,2% del PIB: una magnitud que podía revertirse fácilmente con las reformas paramétricas que hoy defiende Escrivá (en esencia, alargar la edad efectiva de jubilación). La nueva AIReF, sin embargo, ya no es tan optimista. Recientemente, ha revisado sus previsiones y no solo eleva en un punto de PIB su previsión de gasto en 2048, sino que deja claro que esta previsión se basa en supuestos frágiles, de modo que bien podríamos estar moviéndonos en un gasto superior al 17% del PIB en 2048.

El Estado no creó el iPhone

Una de las intervenciones de Íñigo Errejón en el Congreso que ha alcanzado una mayor notoriedad ha sido una reciente en la que afirmaba que el Estado había sido indispensable para la creación del iPhone, dado que muchas de las tecnologías que éste incorpora (discos duros, baterías de litio, pantalla multitouch, GPS...) habían sido desarrolladas o financiadas por el Gobierno de EE UU. Errejón fundamentaba su afirmación en el libro «El Estado emprendedor», de la economista italiana Mariana Mazzucato. Sucede que la tesis de Mazzucato ya fue refutada por el Instituto Juan de Mariana hace algunos años en un notable informe titulado «El mito del Estado emprendedor». Todas las tecnologías que menciona Errejón (salvo acaso el GPS) ya estaban siendo desarrolladas por el sector privado sin necesidad de apoyo público. Por tanto, el Estado no fue indispensable.

Más morosidad

La crisis económica actual ha sido, por el momento, solo una crisis de la economía real originada por la confluencia de un «shock» de oferta y de un «shock» de demanda. La crisis no se ha traslado, todavía, a la economía financiera, en forma de impagos masivos de deuda que pongan contra las cuerdas al sistema financiero. Pero esto podría cambiar en los próximos meses. Así, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo ha alertado a las entidades financieras continentales de su exposición a créditos potencialmente morosos por valor de 1,4 billones de euros, de forma que han de comenzar a activar los mecanismos para detectar tales créditos y efectuar las pertinentes provisiones que les permitan absorber posibles pérdidas. Lo último que necesitaríamos ahora mismo es una crisis financiera.