El Estado gasta 56 millones en asesores mientras la Sanidad Pública necesita 289.000 nuevos funcionarios

La Educación y la Administración General del Estado demandan 43.000 plazas, respectivamente y la Justicia, casi 20.000

La Sanidad pública necesita 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031 para alcanzar la media europea y recuperar los estándares de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud. Ese es el déficit de profesionales que ha detectado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, presentado esta mañana, y que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años.

Asimismo, CSIF considera que el refuerzo destinado para las plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia, Administración General del Estado debe alcanzar las 106.000 nuevas plazas y estar incluido en el Plan de Recuperación del Gobierno. El sindicato recuerda el colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.

El informe de CSIF hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo. En concreto, el sindicato de funcionarios identifica que la Administración General del Estado necesita 43.700 plazas, la Educación 43.393 y el ámbito de la Justicia,19.299.

El sindicato denuncia que, frente a estas necesidades no cubiertas, la Administración General del Estado destina en asesores 55,8 millones de euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. Con una inversión similar, los hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; las escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, las cárceles o los juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más.

A estas cifras habría que añadir el gasto en asesores en el resto de administraciones, como las diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos, recuerda el sindicato.