El Gobierno estudia crear otra prestación para familias en riesgo de exclusión sin acceso al ingreso mínimo

La ayuda no estaría contemplada en los Presupuestos del año próximo

Un grupo de personas hace cola en el Banco de Alimentos de Valencia
Un grupo de personas hace cola en el Banco de Alimentos de ValenciaKIKE TABERNERsolidaridad

El secretario de Estado Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha avanzado este jueves que trabajan en el desarrollo de una prestación para la población en situación de “pobreza relativa”, aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión y no tienen derecho a acceder al ingreso mínimo vital. Álvarez, que ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso para presentar los presupuestos de su departamento, ha subrayado la necesidad de desarrollar una prestación “focalizada en la pobreza relativa” y que haga hincapié en la pobreza infantil. No ha ofrecido más detalles sobre esta iniciativa, pero fuentes de su departamento han explicado a Efe que está en estudio, en la Vicepresidencia que encabeza Pablo Iglesias, y que por tanto no está contemplada en los presupuestos para 2021.

Durante su intervención, ha dado cuenta de todas las partidas presupuestarias “ordinarias” de su departamento, que ascienden a 2.860 millones de euros: de ellos, 2.520 millones (el 88,4 %) son transferencias al Imserso, principalmente asociadas al sistema de la Dependencia. A esas partidas, se añaden durante los próximos tres años inversiones por un valor total de 3.156 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 910 millones corresponden a 2021 y serán ejecutadas al menos un 80 % por las comunidades autónomas.

Gobierno y comunidades inician ya desde este jueves los trabajos para acordar “una gobernanza compartida”, ha anunciado Álvarez, que decida sobre la inversión de esos fondos europeos para impulsar el cambio de modelo de los cuidados de larga duración de los mayores y la modernización de los Servicios Sociales. Según el responsable de Derechos Sociales, los 910 millones de los fondos europeos se destinarán a impulsar un cambio de modelo en los apoyos y cuidados de larga duración, “los que precisan las personas mayores, con discapacidad y dependientes”. “Se trata de desarrollar nuevas redes de teleasistencia, invertir en un nuevo tipo de centros residenciales más pequeños y que faciliten la autonomía de las personas mayores y dependientes y transformar el modelo residencial hacia otro que esté centrado en la atención a la persona y mejor conectado con la red de Atención Primaria de Sanidad”, ha aseverado. También irán dirigidos a reforzar y modernizar los Servicios Sociales, mediante la innovación, la mejora de la capacitación de sus profesionales y la transformación tecnológica. “Esos fondos pretenden asegurar la accesibilidad universal para todas las personas en los campos de los servicios públicos, la educación, el empleo, los transportes, la vivienda y la cultura”, ha añadido.