Escrivá reconoce que es posible que el ingreso mínimo esté “mal diseñado”

Cuando el Gobierno presentó en sociedad elingreso vital mínimo (IMV) se fijó como objetivo que llegase a 2,5 millones de personas o, lo que es lo mismo, 850.000 hogares con pocos recursos. Pero, con el correr de los meses, la ambiciosa meta planteada por José Luis Escrivá y su equipo se ha mostrado casi imposible de cumplir. ¿Cuál es el motivo de este error de cálculo? El ministro cree que puede no ser sólo una sino varias las causas que estén detrás, incluido un diseño deficiente del subsidio. Según declaró en una entrevista concedida este fin de semana a la agencia Efe, «sabemos desde el principio que 850.000 es una meta que por la naturaleza de esa prestación (...) siempre hay un porcentaje de hogares que (...) no tienen proclividad de acercarse a este tipo de prestaciones incluso necesitándola (...) o que la prestación está mal diseñada y por alguna razón no conseguimos llegar a ellos», aseguró. «Pueden ser las dos razones, hay que analizar muy bien a quién hemos llegado y a quién no e intentar poner en marcha remedios e incluso abrir nuevos canales de acceso», concluyó Escrivá.

No llega los interesados

Sobre las dificultades para poder acceder al ingreso del núcleo de familias al que va dirigido, el secretario de Estado Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, aseguró hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados que directamente los interesados no la demandan por dirigirse esta renta a un colectivo «que normalmente no es la gente mejor informada. En ocasiones, no hablan el idioma, en otras no tienen acceso a medios telemáticos...» Es decir, «tienen muchas dificultades para acceder a este tipo de prestaciones, teniendo derecho».

Arroyo añadió que lo que está sucediendo con el ingreso es lo que en estas prestaciones se conoce como «non-take up. Es un problema muy común en las rentas mínimas e ingresos mínimos, relacionado con que el colectivo al que se dirige normalmente no es la gente mejor informada», reiteró.

Los posibles problemas en el diseño de la medida han quedado en evidencia con casos de personas a las que les fue concedida la ayuda de oficio sin que tuvieran derecho a ella como los publicados por LA RAZÓN en su edición del pasado 23 de octubre. Estas personas fueron notificadas como perceptoras de la ayuda a pesar de que, en el momento de que fueron informadas, ya trabajaban y su situación había mejorado con respecto a la que la Seguridad Social tomó como referencia para conceder la prestación. Otros interesados, como denunció este periódico en su edición del 13 de septiembre, se enfrentaron a la insólita situación de que se les concediera la ayuda por una vía y se les denegara por otra.

Muy lejos del objetivo

La realidad del ingreso mínimo es que, de momento, está muy por detrás de alcanzar los registros fijados cuando se creo. Hasta ahora, sólo 400.000 beneficiarios de los 2,5 millones previstos cobran esta renta y se han gestionado hasta la fecha más de 500.000 expedientes.

A partir de ahora, como admiten Escrivá y Arroyo, el reto de la Seguridad Social, en colaboración con otras administraciones públicas, pasa por articular las estrategias necesarias para alcanzar «realmente a esta gente que teniendo derecho no ha solicitado la prestación». No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones no ocultó sus dudas sobre las posibilidades de culminar con éxito la misión de llegar al universo potencial de sus beneficiarios. «Ya veremos si, al final, lo conseguimos. Sería un enorme éxito, pero va a ser complejo», advirtió. Ejemplo de lo difícil que será logra el objetivo es que, según Arroyo, «ninguna renta de las existentes en España hasta ahora ha logrado llegar a todo el colectivo» al que se dirigía.