El Gobierno, sobre el Ingreso Mínimo Vital: «No es la gente mejor informada»

El Gobierno se escuda ahora en la ignorancia de las clases más desfavorecidas para justificar que se esté incumpliendo su objetivo de llegar a 2,5 millones de personas o lo que es lo mismo a 850.000 hogares con la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en medio de una crisis económica sin precedentes, que ha colocado de un manotazo a un millón de personas más en el umbral de la pobreza. Esta excusa avivará, sin duda, el pulso que mantiene divido en dos claras facciones al Gabinete de Sánchez a costa del lento acceso a esta renta y que en las últimas semanas ha enfrentado públicamente al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En esta ocasión, el secretario de Estado Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha sido el protagonista de este nuevo capítulo de tiras y aflojas sobre esta prestación, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados el miércoles pasado. Después de presentar las cuentas de la Seguridad Social, en su segundo turno de intervención a preguntas de sus señorías, Arroyo enumeró lo que, en su opinión, representan «los cuellos de botella» detectados por su Departamento en la gestión de esta prestación.

«Sabemos que hay mucha gente que tiene derecho a la misma, pero no la solicita. Esos son los 850.000 hogares de los que les hablaba». Según su relato, su Departamento tiene certificado que directamente no la demandan por dirigirse esta renta a un colectivo «que normalmente no es la gente mejor informada. En ocasiones, no hablan el idioma, en otras no tienen acceso a medios telemáticos...» Es decir, «tienen muchas dificultades para acceder a este tipo de prestaciones, teniendo derecho». Acto seguido, sin inmutarse, teorizó sobre el escollo descubierto por su Departamento. «Esto es lo que en estas prestaciones se conoce como non-take up. Es un problema muy común en las rentas mínimas e ingresos mínimos, relacionado con que el colectivo al que se dirige normalmente no es la gente mejor informada».

De esta manera tan gráfica, apuntó a la ignorancia y a la incultura de los más desfavorecidos como un «cuello de botella» que ha impedido llegar a las 2,5 millones de personas objeto de esta prestación. Por el momento, sólo 400.000 beneficiarios cobran esta renta y se han gestionado hasta la fecha más de 500.000 expedientes. Por eso a partir de ahora el reto de la Seguridad Social, en colaboración con otras administraciones públicas, pasa por articular las estrategias necesarias para alcanzar «realmente a esta gente que teniendo derecho no ha solicitado la prestación». No obstante, no ocultó sus dudas sobre las posibilidades de culminar con éxito esta misión, llegar al universo potencial de beneficiarios. «Ya veremos si, al final, lo conseguimos. Sería un enorme éxito, pero va a ser complejo». Como botón de muestra de lo dicho, advirtió de que «ninguna renta de las existentes en España hasta ahora ha logrado llegar a todo el colectivo» al que se dirigía.

Momentos antes, señaló «la demanda enorme» de esta renta como otro «cuello de botella» que se ha encontrado su Departamento. De ahí que reflexionara en voz alta sobre si no hubiera sido necesario poner en marcha esta prestación hace ya tiempo, a la vista de esta «enorme demanda». «Esto representa un cuello de botella innegable, que estamos completamente empeñados en resolver». Además, consideró «otro cuello de botella» a medio plazo el «porcentaje relativamente alto de negaciones» de esta prestación que se ha producido por no cumplir los requisitos los demandantes.

Sin colapso por el IMV

Arroyo bajó a la arena para batirse, una vez más, con un ausente Pablo Iglesias. En este contexto, negó la mayor, que la gestión del IMV haya colapsado la Seguridad Social. «En ningún caso», aseveró tajante. Según su explicación, «la gestión de la Seguridad Social está pasando por momentos difíciles no por el IMV, sino por la pandemia, que ha obligado a cerrar oficinas, y por un déficit estructural de personal muy acuciante» que arrastra del pasado. «Se han juntado las dos cosas». Así que nada de nada del colapso de la Seguridad Social por la gestión de esta renta, esgrimido por Iglesias para lanzar un órdago al presidente horas antes de la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre de los Presupuestos de 2021. El vicepresidente amenazó con retirar su respaldo a las cuentas si no se incluían una serie de mecanismos para agilizar el acceso a esta prestación. Sin embargo, según Arroyo, estos instrumentos ya se habían recogido semanas antes en un real decreto. En su opinión, se trata de una prestación «muy compleja, muy novedosa. «Para juzgarla con equidad», hay que compararla con el tiempo que tardan a día de hoy las autonomías en reconocer prestaciones de una complejidad equivalente, como son sus rentas mínimas, que, en algún caso, se demoran durante un año.

El Ministerio de Seguridad Social, que evaluará en enero próximo la puesta en marcha de esta prestación, ha adoptado una batería de medidas con el fin de agilizar la gestión de la misma, consistentes, fundamentalmente, en el cruce de información con otras administraciones públicas para evitar que los ciudadanos tengan que aportar documentación y ahorrarles desplazamientos. En estos momentos, la Seguridad Social está cruzando información con el INE para localizar los datos del padrón, algo que suponía un problema añadido, que obligaba a los beneficiarios a recurrir a los ayuntamientos para conseguir un certificado del padrón. Además, ya no tienen que inscribirse como demandantes del empleo como requisito previo a la solicitud de esta renta, sino que primero pueden demandarla y luego inscribirse, con lo que se evita «ese trayecto de ida y vuelta». Por tanto, «hemos introducido ya una serie de mejoras para agilizar su tramitación». Pero lo fundamental es que 400.000 personas a día de hoy ya cobran esta «valiosa prestación por lo que hay que felicitarse».