Ingreso Mínimo Vital: seis de cada 10 peticiones intentan «timar» a la Seguridad Social

Nadie duda de que España es el país de la picaresca por antonomasia. El pueblo español lleva en su ADN desde hace siglos el engaño y la treta como forma de supervivencia, que el Lazarillo de Tormes consagró en el siglo XVI. Quién no ha tenido que responder alguna vez a la consabida pregunta de si se desea la factura con o sin IVA. De hecho, se calcula que la economía sumergida equivale al 22% del Producto Interior Bruto, algo impensable en el norte de Europa. Por eso ahora más que nunca el ingenio y la astucia se han agudizado, en pleno tsunami económico que amenaza con arrasar todo, como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar el avance que, de momento, se antoja imparable del coronavirus. De hecho, más de la mitad de solicitudes de hogares españoles resueltas hasta la fecha han intentado sin éxito burlar los controles de la Seguridad Social y cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin tener derecho al mismo, al superar los máximos económicos permitidos de renta y patrimonio.

De las 328.526 solicitudes resueltas entre junio, fecha de entrada en vigor de la prestación, y octubre, 192.113 expedientes fueron denegados por no reunir los requisitos exigidos para el cobro, lo que equivale al 58%. En la inmensa mayoría de los casos, estos hogares superaban los niveles de renta y patrimonio fijados para acceder al IMV. El patrimonio máximo permitido es de tres veces la cuantía anual de la prestación (462 euros al mes para personas mayores de 18 años que vivan solos), restando posibles deudas y sin tener en cuenta el valor de la vivienda habitual. Madrid, Barcelona y Málaga se colocan a la cabeza en el ranking de expedientes denegados.

Por tanto, menos de la mitad de las 328.526 solicitudes resueltas recibieron el visto bueno del Gobierno. En concreto, esta cifra ascendió en los primeros cinco meses de vida de la ayuda a 136.413 hogares, lo que equivale a 400.000 personas, de las que la mitad de ellas son menores de edad. A esta cuantía de demandas solventadas hay que sumar 160.209 expedientes a los que se les han solicitado que subsanen errores. En algunos casos, falta la documentación necesaria para percibir la ayuda, pese a que el Gobierno ha reducido el papeleo para su tramitación con el fin de agilizar su cobro.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Social ha adoptado una batería de medidas con el fin de agilizar la gestión de la misma, consistentes, fundamentalmente, en el cruce de información con otras administraciones públicas para evitar que los ciudadanos tengan que aportar documentación y ahorrarles desplazamientos y, así, demoras. En estos momentos, la Seguridad Social está cruzando información con el Instituto Nacional de Estadística para localizar los datos del padrón, algo que suponía un problema añadido, que obligaba a los beneficiarios a recurrir a los ayuntamientos para conseguir un certificado del padrón. Además, los demandantes ya no tienen que inscribirse como solicitantes de empleo, al suprimir la Seguridad Social este requisito previo para poder pedir esta renta. Ahora primero pueden demandarla y luego inscribirse, con lo que se evitan pérdidas de tiempo estériles.

Expedientes duplicados

En los primeros meses de la puesta en marcha de la prestación, se registró una avalancha de solicitudes, con más de un millón, de las que 40.000 expedientes estaban duplicados. Descontada esta cifra, las peticiones presentadas se elevaron a 975.559, de las que más de la mitad, casi 489.000 estaban pendientes aún de analizar en octubre pasado. Pese al esfuerzo realizado, el Ejecutivo no consigue llegar al universo potencial de beneficiarios de esta prestación, un total de 2,5 millones de personas o lo que es lo mismo a 850.000 hogares, en medio de una crisis económica sin precedentes, que ha colocado de un manotazo a un millón de personas más en el umbral de la pobreza. El ministro José Luis Escrivá admitió este jueves que no va a llegar «ni de lejos» a esos 850.000 hogares que se preveía cuando se creó. «No sabemos si los niveles de renta y patrimonio establecidos es más elevado de lo que pensábamos».

El secretario de Estado Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, enumeró, durante su última comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, lo que, en su opinión, representan «los cuellos de botella» detectados por su Departamento en la gestión de esta prestación. «Sabemos que hay mucha gente que tiene derecho a la misma, pero no la solicita. Esos son los 850.000 hogares de los que les hablaba», aseguró. Según su relato, su Departamento tiene certificado que directamente no la demandan por dirigirse esta renta a un colectivo «que normalmente no es la gente mejor informada. En ocasiones, no hablan el idioma, en otras no tienen acceso a medios telemáticos...». Es decir, «tienen muchas dificultades para acceder a este tipo de prestaciones, teniendo derecho». Acto seguido, teorizó sobre el escollo descubierto por su Departamento. «Esto es lo que en estas prestaciones se conoce como non-take up. Es un problema muy común en las rentas mínimas e ingresos mínimos.

Reforma de una ayuda casi nueva

Por eso, Seguridad Social evaluará en enero próximo la puesta en marcha de esta prestación para analizar qué medidas se pueden implementar con el objetivo de alcanzar al mayor número de beneficiarios. Precisamente, el llegar o no llegar al potencial del universo beneficiario de esta prestación se ha convertido en la manzana de la discordia entre los altos cargos de la Seguridad Social y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. En esta pugna con Pablo Iglesias, el último en bajar a la arena fue el secretario de Estado de Seguridad Social, que negó la mayor, que la gestión del IMV haya colapsado la Seguridad Social. «En ningún caso», aseveró tajante. «La gestión de la Seguridad Social está pasando por momentos difíciles no por el IMV, sino por la pandemia, que ha obligado a cerrar oficinas, y por un déficit estructural de personal muy acuciante» que arrastra del pasado. «Se han juntado las dos cosas». Así que nada de nada del colapso de la Seguridad Social por la gestión de esta renta, esgrimido por Iglesias para lanzar un órdago al presidente horas antes de la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre de los Presupuestos de 2021, si no se incluían una serie de mecanismos para agilizar el acceso a esta prestación.