Opinión
Escándalo económico
Que 35.656 inmigrantes ilegales magrebíes hayan llegado a España sólo en patera es uno de los mayores escándalos económicos a los que estamos asistiendo
La teoría económica explica los flujos de la emigración laboral en el marco del desarrollo económico, siendo las diferencias salariales entre países la que induce a los trabajadores de países con bajos salarios a emigrar hacia los de salarios altos. Así, estos maximizan sus ingresos y la inmigración provoca que las diferencias salariales se compensen entre países llegando a un punto de equilibrio donde el diferencial de salario solo reflejaría el coste de trasladarse de un país a otro. Este equilibrio se ha producido entre Alemania occidental y la del Este. E incluso tiende a producirse en la UE entre la Europa occidental y oriental. Sin embargo, no se produce, estadísticamente hablando, con países terceros por las mayores diferencias existentes culturales, históricas, religiosas y de todo tipo. Y donde el coste inmaterial del traslado y las diferencias de la variable tecnológico-cultural encarecen y dificultan la integración, como diariamente se comprueba en Francia o Bélgica.
Por ello, el hecho de que 35.656 inmigrantes ilegales magrebíes hayan llegado a España sólo en patera, en lo que va de año, es uno de los mayores escándalos económicos a los que estamos asistiendo. Una industria de la inmigración vinculada con la exportación y contrabando de droga de un país con más de 120.000 hectáreas dedicadas al cultivo de cannabis, a pesar de las promesas de eliminarlas. Siendo Marruecos uno de los mayores productores y exportadores mundiales utilizando España como vía de entrada a la UE, ante los ojos atónitos de nuestros socios comunitarios y el consiguiente desprestigio internacional. Unos «ilegales» a los que se «suelta» en nuestras calles y ciudades, sin permiso de residencia ni de trabajo, condenados a vagar y mendigar para sobrevivir, cuando no a «oKupar» o delinquir.
Una inmigración costosa para el presupuesto, que supera con mucho los 25 millones de euros anuales que oficialmente se señala, además de los 16 millones del supuesto coste de las repatriaciones y centros de internamiento. Un coste que debe cuantificarse, contabilizarse, y del que debe pensarse en pedir compensaciones económicas a Marruecos. Salvo que se esté dispuesto a acoger al 70 por ciento de sus jóvenes que manifiestan en sus encuestas escolares querer cruzar el Estrecho.