El Ejecutivo de Pedro Sánchez está decidido a que el recibo de la luz sea más barato en los próximos años. Y la fórmula que ha encontrado para lograrlo es trasladar a las compañías energéticas parte de los costes que ahora asumen los consumidores. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar la tramitación del anteproyecto de ley que prevé la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que será el vehículo que facilitará este trasvase de cargas de los consumidores a las compañías.

Hasta ahora, los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que suponen unos 7.000 millones de euros anuales, forman parte del recibo de la luz y los abonan directamente los consumidores. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico, según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica. Lo que el Ejecutivo propone es sacarlos de la factura y financiarlos a través de este nuevo fondo, que financiarán las compañías energéticas. El Departamento de Teresa Ribera calcula que el recibo de la luz doméstico podrá bajar al menos un 13% en los próximos cinco años con este sistema.

Beneficio progresivo

El impacto del nuevo sistema propuesto será, según Transición Energética, socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.

La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.

Como ha explicado Transición Energética, el fondo será financiado por los comercializadores de todos los sectores energéticos (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, así como los consumidores directos de los productos anteriores, que oscilan en total entre 500 y 1.000 compañías), que contribuirán al mismo de forma trimestral en función de sus ventas. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema. En términos de foto fija -aunque evolucionará año a año- la aportación ahora de las empresas eléctricas al fondo sería del 31%, la de las gasistas del 25% y la de las petrolíferas, un 43%.

Modelo desfasado

El Ejecutivo ha explicado que este nuevo diseño del sistema eléctrico se hace necesario para evitar un encarecimiento brusco de la factura eléctrica. El diseño actual del sistema, según ha dicho, se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente los contrarios. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico, que no logra los suficientes recursos. Es decir, las señales del sistema actual son incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores.

Si no se modifica el sistema actual, Transición Energética ha explicado que la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura, lo que acabaría por encarecer el recibo de la luz entre un 3% y un 8%, según fuentes del ministerio.

El texto del anteproyecto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del fondo, que será gestionado por el IGAE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga “de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados”, según el ministerio.

El ministerio considera que aunque las compañías podrían tener la tentación de repercutir el coste de su aportación al fondo a la factura de la luz por otras vías, es difícil que lo hagan porque ello podría acarrearles la pérdida de cuota de mercado. Aunque desde Transición Energética son conscientes de que el nuevo modelo que proponen no será del agrado del sector energético, aseguran que está jurídicamente muy aquilatado. Además, fuentes del Departamento aseguran que se trata de una medida largamente recomendada por organismos como la CNMC y que sigue la estela de otras adoptadas por países como Alemania o Francia.