Moncloa culpa a las comunidades del fallido rescate a la hostelería

El plan estatal, con dos de cada tres euros en moratorias, no salvará a 100.000 negocios. La ausencia de una legislación que ordene las ayudas complica le llegada de ayudas directas

Concentración de hosteleros reclamando ayudas directas
Concentración de hosteleros reclamando ayudas directasMarta PérezEFE

«Absolutamente insuficiente». «Una burla». «Otra broma de mal gusto». «Más confusión normativa y una decepción». «Otra vez balones fuera con las ayudas directas». «Una vergüenza y un insulto». «Perplejidad absoluta». «Otra auténtica tomadura de pelo». «Llega tarde es escasa y deja fuera a miles de autónomos»... Estas son solo algunas de las reacciones de prácticamente la totalidad de las asociaciones patronales tras conocer ayer la letra pequeña del Plan Horeca de ayudas al sector de la hostelería, el turismo y el comercio publicada en el BOE.

No se esperaba el Gobierno tal reacción negativa con un plan que se ha hecho esperar casi dos meses –nueve, según denuncian los hosteleros, «si nos atenemos a cuando realmente debería haberse puesto en marcha»– y que se ha planteado como «una tabla de salvación» para los sectores más maltratados por la pandemia, defendía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. Pero la ausencia de ayudas directas a fondo perdido –«la única solución posible a estas alturas», defienden las patronales– ha desatado esta ola de críticas. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las ayudas aprobadas tienen un impacto directo estimado de unos 4.220 millones de euros, de los cuales 2.809 millones corresponden a moratorias tributarias; 567 millones a ayudas en materia laboral y Seguridad Social; 520 millones proceden de líneas de liquidez y financiación; a lo que se suman otros 324 millones con las decisiones adoptadas en el arrendamiento de locales comerciales. Pero ninguna línea de liquidez directa no reembolsable.

«Nosotros no podemos dar un cheque de dinero», manifestó Montero en el anuncio del plan. Su idea es que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de estas ayudas directas, pero sin haber legislado para forzar la obligatoriedad de los pagos y sin haber consensuado fechas ni cuantías. Únicamente recuerdan que se han transferido 16.000 millones de euros a través del Fondo Covid-19, aprobado en julio pasado, para este tipo de ayudas y que deben utilizarlo. Y así se lo harán saber en el Consejo Interterritorial, informaron fuentes ministeriales. «Deben ser ellas las que proporcionen esas ayudas directas».

«Esto no es más que una cortina de humo, volver a quitarse la responsabilidad de encima. Los ICO, los aplazamientos, las exenciones no son más que pan para hoy y hambre para mañana, porque todo hay que devolverlo», denuncia José Yzuel, presidente de Hostelería de España, que mantiene la previsión de 100.000 establecimientos que echarán el cierre en enero, con un millón de empleos perdidos. «Lo aprobado llega tarde. Los beneficios de estas medidas no se verán hasta dentro de tres meses y para entonces ya será tarde. Han tenido meses para organizar un plan con las comunidades y no lo han hecho».

Al no haber directrices ni un plan ordenado por parte del Gobierno, cada comunidad puede decidir el tipo de ayudas, los importes y las condiciones, o directamente no hacerlo. Ahora mismo, el tipo de ayudas varía según la región. La mayoría son préstamos o avales, pocas son a fondo perdido. En las directas, Asturias puede inyectar de 1.500 a 4.000 euros; Cataluña puede llegar hasta los 2.000 según el caso; en Murcia, entre 1.800 a 3.000 euros; en Galicia, a partir de 500 euros; y el País Vasco entre 3.000 y 4.000 euros. Pero en muchas de ellas, las exigencias son tan elevadas –muchos negocios no pueden ni siquiera estar al día en sus obligaciones fiscales, por lo que pierden cualquier opción– que en la mayoría de las ocasiones resulta imposible tener acceso. En otros casos, como en Castilla y León, se ofrecen hasta 3.500 euros, aunque en concepto de ayudas para pagar las cuotas. La mayoría, ni se lo ha planteado. Un caos que el Gobierno ha obviado en su plan, por lo que miles de negocios mantienen su triste hoja de ruta hacia el cierre definitivo.

Pero para algunos sectores, como el ocio nocturno, el plan llega tarde. «A nosotros de qué nos vale lo aprobado. Cierran 150 locales de ocio cada día. Nos han prohibido la actividad desde hace meses. Para qué queremos exenciones fiscales y las ayudas al alquiler, cuando lo hemos perdido todo. Los fondos deben ser ahora y no reembolsables. Lo aprobado solo retrasa lo inevitable: o el cierre o tener que pagar cuando termine la moratoria los aplazamientos de IRPF, la subida de las cuotas la Seguridad Social, el pago a cuenta del IRPF de 2020, el IVA. Y suma y sigue», se queja amargamente Ramón Más, presidente de la patronal España de Noche.

Los hoteleros han sido los últimos en pronunciarse en contra de este plan. Para la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) las medidas del Gobierno son “decepcionantes y no atienden a las necesidades reales de un sector con una dramática situación, con la ocupación hotelera, por debajo del 20% en Madrid y con solo un tercio de las plantas abiertas”. Resulta “decepcionante” que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida de reducción del IVA para el sector turístico al 7%, que es clave para relanzar la actividad, como se ha hecho ya en otros países europeos.