Las promesas sociales que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van camino de toparse con un muro aún mayor que el que afrontó su antecesor socialista en plena crisis financiera. Entonces, un Gobierno del PSOE se convirtió en el primero en poner fin a 25 años consecutivos de revalorización de las pensiones con la congelación aprobada para 2011, que se comió un 1% de incremento, unos 1.500 millones de euros de ahorro. Además, ese mismo 2011 se puso fin también al régimen transitorio para la jubilación parcial que se sacó adelante en 2007 y se aprobó la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cálculo de la pensión, un recorte medio del 5% para los nuevos jubilados. También entonces, como ahora, todo comenzó con un globo sonda.

Ese mismo Gobierno socialista fue también el único que se ha atrevido a aprobar un tijeretazo medio del 5% en las retribuciones a los empleados públicos (efectivo desde junio de ese 2011) y la congelación para 2012. El hachazo para los empleados de la administración general del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, 2,6 millones de trabajadores por entonces, supuso un ahorro de unos 1.400 millones, más los 1.500 millones del recorte a las pensiones. Un año antes, el Ejecutivo socialista se gastó 13.000 millones de euros en un plan de empleo público que, según el Banco de España, apenas generó seis empleos temporales por cada millón de euros.

Los sindicatos ven paralelismos en las últimas actuaciones del Gobierno de Sánchez y las que en 2011 acabaron con el mayor recorte social de la historia democrática de España. Por eso, ayer anunciaron que saldrán a las calles el próximo 11 de febrero para forzar a que Sánchez cumpla sus promesas sobre el SMI, la reforma laboral del PP y las pensiones, como ya avanzó LA RAZÓN el pasado 29 de diciembre.

El plantón del Gobierno a los sindicatos en la última reunión prevista antes de fin de año para evaluar una mínima subida del Salario Mínimo sentó muy mal a las centrales CC OO y UGT. La Moncloa suspendió el encuentro en el que se debía abordar un alza del 0,9%, en línea con las realizadas a los empleados públicos y a los pensionistas y ahora los sindicatos pasan factura con este anuncio de movilizaciones.

Además, las protestas servirán para presionar a la coalición socialcomunista para que deje de escudarse en las exigencias de Bruselas para no demoler la reforma laboral del PP. «Estamos hartos de que se escuden en la UE. Si hay condicionantes para negociar, que lo expliquen claramente», indicó ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la presentación del calendario de movilizaciones.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien anunció que las concentraciones tendrán lugar ante las subdelegaciones de todas las provincias, fue tajante al asegurar que «no vamos a renunciar a la subida del SMI, ni en enero ni en febrero ni en marzo... pese al derecho de veto que se ha otorgado a la patronal». Las centrales piden que se mantenga, al menos, la subida cosmética de apenas 9 euros, sobre los 950 en los que se encuentra el SMI, que defiende Podemos.

Sobre las pensiones y los «globos sonda» del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para negociar en el segundo trimestre del año la ampliación futura del periodo de cálculo de la pensión a 35 años, los sindicatos acusan al Gobierno de «abandonar de forma intolerable los compromisos políticos para abonar teorías que solo pueden tener como objetivo dar un paso más en la destrucción del sistema de pensiones de este país». Según el manifiesto suscrito por ambas organizaciones, los compromisos del Pacto de Toledo «han sido completamente tergiversados».

«Frente a la anunciada derogación de la reforma de 2013, se nos sorprende con declaraciones sobre la necesidad de disminuir el gasto en pensiones y de articular cambios como ampliar el periodo para calcular la base reguladora, todos dirigidos al empobrecimiento» de los pensionistas, denuncian las centrales de clase. En este sentido, el líder de UGT, Pepe Álvarez, reiteró que el punto de partida de las pensiones es la vuelta a la situación de 2011.

Los líderes sindicales temen que las exigencias de Bruselas para el acceso a los 80.000 millones que ofrece a fondo perdido y el deterioro acelerado de la situación económica ante esta tercera ola terminen por difuminar por completo la «agenda social» como ya le ocurriera en 2011 al PSOE al darse de bruces con la realidad.

Los ERTE, hasta el 31 de mayo

Una realidad que ayer se plasmó en una nueva prórroga de los ERTE del Covid hasta el próximo 31 de mayo, con un coste de 5.500 millones de euros en estos cinco primeros meses del año. Así pues, este mecanismo en el que se encuentran aún 700.000 trabajadores, según las cifras avanzadas el pasado sábado por Escrivá, cumplirá más de un año con la voluntad de perpetuarse incluso más allá de la pandemia para abaratar los gastos del paro y facilitar la hibernación de plantillas cuando las circunstancias lo requieran, sin que estas pasen a engrosar las cuantiosas listas del desempleo.

Los empresarios fracasaron en su intento por «rebajar» la cláusula de salvaguarda del empleo, que prohíbe despedir durante seis meses, y dieron por buena la última oferta del Gobierno con las mismas exenciones que hasta ahora y en la que se incluyen más sectores castigados que hasta el momento no estaban cubiertos por esta fórmula y mayores facilidades para «saltar» entre los distintos tipos de ERTE con agilidad, lo que permite a las empresas adaptarse a los cambiantes escenarios de restricciones. Los empresarios seguirán demandando que la devolución de las ayudas en caso de despido se ciña a los centros de trabajo o al trabajador y no a las empresas.

Las asociaciones de autónomos –ATA,UPTA y Uatae– también dieron su aprobación a la prórroga de la prestación por cese de actividad tras la inclusión de demandas como la eliminación de la exigencia de haber sido beneficiario de la prestación entre marzo y junio de 2020 para solicitarla.