Calviño insiste en delegar en comunidades y ayuntamientos las ayudas directas

“Es el momento de ir un paso más allá y no solo a dar un crédito fiscal sino, incluso, compensar una parte de los costes fijos de las empresas”. De esta forma, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha vuelto a reconocer que la actual precaria situación de miles de empresas requiere de un plan de ayudas directas y que el nuevo marco de ayudas enviado a Bruselas permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos implementar ayudas directas a las empresas que lo necesiten. De esta manera, el Gobierno ha vuelto a delegar estas ayudas en las administraciones regionales y locales.

Calviño, en declaraciones a la Cadena Ser, mantuvo su insistencia en que las comunidades autónomas y los ayuntamientos “están mejor situados para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad económica para luchar contra la pandemia”. Al respecto recordó que el Gobierno les ha transferido recursos para encarar la situación creada por la pandemia como el fondo para el Covid-19 de 16.000 millones de euros o los 10.000 millones asignados este año a las comunidades autónomas “para que puedan tener recursos y no tengan un problema de financiación para poder apoyar al tejido productivo”.

Calviño parece haber tomado buena nota de la situación límite de miles de pymes y autónomos y ha anunciado que “en las próximas semanas será vital que podamos responder a las especificidades de cada una de las empresas”, y por primera vez ha admitido que la Administración central también deberá implicarse en este apoyo. “El Gobierno lleva tiempo trabajando con las entidades financieras y el Banco de España en medidas de mayor envergadura desde el punto de vista económico, financiero y fiscal” y que deben llegar a todo el territorio nacional.

Para poder desarrollar este tipo de ayudas, Calviño ha anunciado que adaptará el marco legal para que todas las administraciones puedan dar ayudas directas apoyadas en el plan de los fondos europeos de recuperación, sobre los que ha defendido que el Gobierno ha trabajado junto a la administración local y autonómica “desde el primer día”, teniendo en cuenta sus respectivas competencias. También ha recordado que este nuevo marco temporal de ayudas enviado por el Gobierno a Bruselas para aprovechar la ampliación de ayudas que permite ahora la Comisión Europea a los Estados “ha abierto un poco la puerta” a “adaptar el marco legal para que todas las administraciones públicas puedan dar más ayudas directas a cada una de esas empresas”.

Eso sí, ha alertado de que la naturaleza de estos fondos de recuperación, de carácter anticíclico, difiere de la de los fondos territoriales, con lo que deben basarse en un plan nacional a partir de proyectos tractores para generar empleo y crecimiento. Por ello, ha indicado que reclamar dinero para impulsar proyectos individuales “no va en absoluto en la línea del plan de recuperación europea”. Se trata, señaló, de poder aplicar medidas y, “en particular, a través de todo lo que es el sistema de avales del ICO, que se ha canalizado a través del sistema financiero para seguir aliviando la carga de las empresas”.

En este sentido sigue defendiendo que el Gobierno ha implementado una larga batería de apoyos puestos en marcha desde marzo del pasado año cuando estalló la pandemia y que solo en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en la prestación extraordinaria de los autónomos y el apoyo a los trabajadores con incapacidad laboral han supuesto 40.800 millones en ayudas directas en el conjunto de España o los avales del ICO, que han movilizado 115.000 millones. Sin embargo, admitió que “ahora entramos en una fase distinta”, ya que son muchos los meses que llevamos en esta crisis y “empezamos a pasar de una situación de necesidad de liquidez a un posible problema de solvencia de las empresas” que precisa desplegar “otro tipo de apoyos que se destinen más bien a reforzar la solvencia empresarial- Espero que pronto podamos reforzar el catálogo, el arsenal de medidas que hemos puesto en marcha desde hace un año, para que sigan siendo efectivas y llegando de verdad a aquellos que lo necesitan”., confió.

La vicepresidenta tercera también ha defendido que la protección a las pymes y al tejido productivo ante la crisis no es “incompatible” con apoyar a las grandes empresas, y ha lamentado que existan “prejuicios” hacia las empresas del Ibex 35 para que no reciban apoyo. “Es absurdo excluir a estas compañías de los concursos públicos”, como proponen algunos partidos independentistas. Según ha defendido, el Gobierno trabaja en “preparar otro tipo de apoyos que se destinen más bien a reforzar la solvencia empresarial”, tras una primera fase de ayudas en unos meses de crisis en los que se ha priorizado garantizar la liquidez.