La justicia europea avala que los grandes inversores reclamen a Bankia por su salida a bolsa

“Los inversores cualificados también pueden exigir responsabilidades a Bankia por las inexactitudes contenidas en el folleto de información sobre su salida a Bolsa en 2011″, según ha concluido este jueves el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Jean Richard de la Tour. El letrado propone que ésta sea la respuesta de la Justicia europea a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo. Aunque las recomendaciones de los Abogados Generales no son vinculantes de cara al fallo definitivo, los jueces del TUE suelen seguirlas en la mayoría de los casos.

En concreto, el Alto Tribunal español buscaba aclaraciones antes de pronunciarse sobre el recurso de Bankia contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la responsabilidad de la entidad con respecto a un inversor cualificado por el folleto de la oferta de suscripción de acciones (OPS).

El caso enfrenta a Bankia con la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), un inversor cualificado que acudió a la salida a Bolsa del banco y suscribió una orden de compra de 160.000 acciones, a un precio de 3,75 euros por acción. UMAS persigue que se declare la nulidad por error en el consentimiento en la compra de acciones y que se declare con carácter subsidiario la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión. El Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la acción de responsabilidad por el folleto ampara a los inversores minoristas y cualificados cuando se dirige a ambos, o solamente a los primeros.

En sus conclusiones, el Abogado General afirma que las normas europeas permiten que los inversores cualificados ejercer una acción de responsabilidad por errores en el folleto cuando la oferta pública de suscripción de acciones se dirija tanto a ellos como a inversores minoristas. Esto a pesar de que cuando estas ofertas se dirigen exclusivamente a grandes inversores no es necesario que se publique un folleto de información. En opinión del letrado, “tanto la interpretación literal como la interpretación sistemática” de la normativa europea “llevan a desechar la idea de que el folleto solo se establezca con el fin de proteger a los inversores no cualificados”.

Así, defiende que el hecho de que la directiva establezca “numerosas excepciones” a la obligación de publicar un folleto y también enuncie “sin excepciones” un principio de responsabilidad en caso de que el documento sea “inexacto” supone que “debe poder iniciarse una acción de responsabilidad civil cualquiera que sea la condición del inversor que se considere perjudicado”. Por otro lado, señala que la directiva europea no se opone a que, en caso de que un inversor cualificado ejerza una acción de responsabilidad, se tome en consideración “el conocimiento de la situación real del emisor por parte de dicho inversor al margen de las disposiciones inexactas o incompletas del folleto”.

Sin embargo, añade que este se podrá tener en cuenta “siempre que ese conocimiento también pueda ser tenido en cuenta en acciones de responsabilidad similares y que esa toma en consideración o se traduzca en la práctica en imposibilitar o dificultar excesivamente el ejercicio de dicha acción”, un extremo que debe estudiar el Tribunal Supremo.

Fuentes de Bankia consultadas por Europa Press aseguran que se trata de un riesgo acotado que ronda los 30 millones de euros. En concreto, señalan que “quedan vivas pocas demandas, mientras que el resto ha prescrito”.