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Crisis

Montero niega que Ábalos vaya a renunciar a la Ley de Vivienda

La portavoz del Ejecutivo cuestiona que el control de rentas sea el “mejor instrumento” para evitar las subidas abusivas de los precios del alquiler

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se dirige a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EUROPA PRESS/R.Rubio.POOLEuropa Press

La portavoz del Ejecutivo intentó hoy restar importancia a la nueva vía de agua abierta en el Gobierno de coalición y que enfrenta a los cargos de Unidas Podemos con el ministro de Transportes a costa de la futura Ley de la Vivienda y la regulación de los precios del alquileres en esta nueva legislación. Al término del Consejo de Ministros, María Jesús Montero negó que José Luis Ábalos haya renunciado a tramitar la futura Ley de Vivienda. Según la portavoz, “nunca” se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. No obstante, cuestionó que este control de precios sea el mejor instrumento para ello.

“No se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno para evitar las subidas abusivas de precios de alquiler en zonas tensionadas, la discusión está en cuál es el instrumento que mejor lo posibilita”, confirmó. Según su relato, es, precisamente, la elección de ese instrumento la que separa a los de Podemos de los cargos del Ministerio. De esta manera, la portavoz salió al pasado de las acusaciones realizadas por la formación morada contra los socialistas, a los que acusa de intentar no incluir la posibilita en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan limitar los precios máximos de los alquileres en las zonas tensionadas.

La ministra recurrió a un tono conciliador para considerar “muy sana” la discusión que mantienen los socios de Gobierno sobre la utilidad de este instrumento. Después de recordar que el Ejecutivo no tiene mayoría suficiente en el Congreso y que, por tanto, está abocado a buscar el consenso, abogó por “tener en cuenta la experiencia de otros países” en los que se ha aplicado y de algunos ayuntamientos españoles “para que no haya efectos secundarios contrarios” al objetivo que se persigue, como la “contracción de la oferta de alquiler”.

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