1.000 negocios ambientales y 20.000 empleos, a punto de desaparecer

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado este jueves de que más de 1.000 actividades económicas vinculadas a la educación ambiental están “al borde de la quiebra” por la crisis del coronavirus. Granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar, pequeñas empresas gestionando programas de Educación Ambiental en municipios, ciudades y espacios protegidos entre otros, que desarrollan su actividad económica principalmente de la afluencia de escolares desde infantil a secundaria, permanecen cerradas, con sus trabajadores en ERTE, y con serias dificultades para mantener su actividad económica en pie, ha explicado la organización a través de un comunicado.

De acuerdo con los datos facilitados por UPTA, se trata de un sector que en el año 2019 recibió más de cinco millones de visitantes, con una facturación superior a los 300 millones de euros y aproximadamente son 20.000 puestos de trabajo directos los que generan estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas. Estas entidades que llevan desde el pasado 10 de marzo de 2020 totalmente cerradas, soportan gastos fijos “inasumibles” si no tienen una permanente entrada de visitas, ya que las instalaciones tienen un alto coste a los que hay que sumar el mantenimiento de los animales y las huertas en el caso de las granjas escuela.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha hecho un llamamiento al Gobierno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que socorra a través de ayudas directas a las actividades que más facturación han perdido con respecto al año 2019. “Las ayudas directas deben asignarse en base al criterio de perdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación”, ha insistido.

En este sentido, Abad reclama que los 11.000 millones de euros en nuevas ayudas a empresas, pymes y autónomos se repartan en función de la pérdida de facturación interanual y se destinen a sufragar gastos corrientes y no solo a quitas bancarias, ya que entiende que las quitas bancarias “estarían más encaminadas a solventar las cuentas de las entidades de crédito que a resolver la falta de liquidez inmediata de la economía real”.

También alertó de que miles de autónomos y pymes llevan sin facturar desde que se declaró la pandemia en marzo del año pasado y “en ellos hay que volcar todos los esfuerzos”. Además, el presidente de la organización, Eduardo Abad, se preguntó que si las ayudas se dirigen a empresas viables, “¿quién decide la viabilidad empresarial?” o “¿quién decide qué actividad está condenada al cierre?”. En su opinión, la pérdida de facturación es “el único dato real y concreto” y el que se debe utilizar para establecer los distintos tramos de ayudas y no solo para los sectores más golpeados.