La Fiscalía pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato penas que suman un total de 70 años de prisión dentro de la causa donde se investiga su patrimonio, del que buena parte estaría fuera de España. El Ministerio Pública le imputa un total de once delitos fiscales además de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental. Los delitos fiscales vendrían derivado de que Rato habría defraudado a la Hacienda Pública un total de 8.586.121,67 euros entre los años 2005 y 2015. Por cada delito fiscal, el Ministerio Público pide penas de entre 4 y seis años de prisión, otros 6 años por el de blanqueo de capitales, cuatro por el de insolvencia punible y otros tres años de prisión por el delito de falsedad.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Anticorrupción sostiene Rodrigo Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, “a través de diversas sociedades”, una de ellas irlandesa, dos panameñas y otra británica , mediante las cuales “habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido” hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015.

Junto a ello, la Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales que la documentación intervenida en las entradas y registros efectuadas el 16 de abril de 2015 en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, así como en las sedes de Plaza Abogados en Madrid y Sotogrande ha permitido conocer que el exdirector del FMI “ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas”.

Falsa amnistía fiscal

Por otro lado, señala que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal, pero sin hacer referencia a todas las sociedades que disponía, y declaró un patrimonio fuera de España de 15,3 millones de euros, por los que pagó a la Hacienda española 11,5 millones de euros. Sin embargo, el fiscal entiende que ese mecanismo no fue más que una estrategia para mantener oculto el verdadero patrimonio que tenía en el exterior: “Lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente”, utilizó la amnistía fiscal “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”

Comisiones por publicidad

Por otro lado, el Departamento que dirige Alejandro Luzón alude a que Rato percibió comisiones por contratos de publicidad cuando era presidente de Caja Madrid-Bankia, entre enero de 2010 y mayo de 2012. Esas comisiones, añade la Fiscalía al respecto, las habría percibido indebidamente de los cuatro contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las entidades PUBLICIS y ZENITH relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad. “Tales comisiones se canalizaron desde la sociedad interpuesta ALBISA, propiedad del acusado Alberto Portuondo, quien además había sido contratado como asesor en Bankia”.

ALBISA cobró comisiones a las sociedades de publicidad contratadas por el banco y una parte de las mismas llegaron a la sociedad Kradonara de Rodrigo Rato, “amparada bajo un supuesto contrato de asesoría de ésta a aquélla. Las comisiones percibidas por dicha sociedad procedentes de las comisiones de esos contratos publicitarios, ascendieron a un total de 835.059,97 € entre 2011 y 2012, según la Fiscalía.