España se ha saltado las reglas fiscales de la UE 12 veces en 23 años

Hay debates en la burbuja comunitaria que siempre están abiertos o, al menos, cerrados en falso. Las normas fiscales europeas ligadas a los topes de déficit (-3%) y deuda (60%) y la sanciones derivadas del incumplimiento de estos umbrales es uno de ellos. Por primera vez en su historia, desde su nacimiento en 1997, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se encuentra guardado en el cajón después de que se haya activado la denominada «cláusula de escape» debido a la crisis del coronavirus. Varios países europeos, entre ellos España –que se ha saltado las reglas 12 veces en 23 años– y Francia, quieren aprovechar esta situación de excepcionalidad, que durará al menos hasta el año 2023, para introducir cambios en este controvertido Pacto, siempre puesto en cuestión.

Pero una vez más resulta difícil poner el cascabel al gato, aunque la Comisión Europea es la primera defensora de esta necesidad de cambiar las reglas que, por otra parte, ya han sido revisadas hasta en tres ocasiones. Aunque en un principio países como España, Francia e Italia confiaban en que esta reforma fuera debatida antes de las elecciones alemanas en el mes de septiembre, todo indica que habrá que esperar a estos comicios antes de dar ningún paso. Después, todo dependerá de quién ocupe la cancillería germana, ante un debate que suele causar urticaria en Berlín.

¿Cuáles son las críticas a este texto? Hay consenso en que las actuales normas fiscales son excesivamente complejas (más de 200 páginas), lo que deriva en múltiples excepciones que pueden interpretarse de una u otra manera según los vientos que soplen. Esto lleva a que las sacrosantas normas que fijan el déficit público en el 3% y la deuda en el 60% en realidad puedan quedar en papel mojado. Según explica a LA RAZÓN Zsolt Darvas, analista del «think tank» Bruegel, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento resulta tan difícil de entender que su aplicación resulta «impredecible», lo que lleva a que los gobiernos europeos no «interioricen» la necesidad de mantener unas cuentas públicas saneadas e intenten zafarse, siempre que pueden, de los dictados de Bruselas.

Hay múltiples ejemplos de esto último, ya que el Pacto ha vivido momentos épicos. En 2003, Francia y Alemania rompieron las normas y consiguieron sortear los castigos tras una maratoniana reunión que empezó a las siete de la tarde del lunes y terminó a las cuatro de la mañana del día siguiente. París y Berlín lo consiguieron después de que el canciller alemán Gerhard Schröder telefoneará al primer ministro griego (sí, griego) Costas Simitis para pedirle su apoyo, en un movimiento que desató las iras del comisario de Economía, el español Pedro Solbes. Una anécdota que después viviría su reverso cuando en 2015 Grecia estuvo casi a punto de salir de la zona euro por su endeudamiento masivo. De forma más cercana, en julio de 2016 España y Portugal consiguieron la cancelación de una multa (2.000 millones de euros en el caso español), después de una tensa reunión del colegio de comisarios que acudían a la cita divididos, aunque las palomas acabaran ganando la partida a los halcones gracias a la intermediación de Alemania. Golpes de mano palaciegos, en vez de normas claras y números.

Dentro de los puntos negros del Pacto, Darvas también recuerda que la Comisión Europea basa sus recomendaciones en variables «no observables» como el denominado «output gap», la diferencia entre el comportamiento real de una economía y su capacidad de crecer. Cuando un Estado se encuentra dentro del redil del déficit del 3%, Bruselas utiliza este parámetro para referirse al esfuerzo estructural, a la reducción del déficit que no depende de la bonanza global. Casi ninguna capital está de acuerdo con los criterios de la Comisión en estos cálculos. De hecho, en 2019 tan sólo 9 países de un total de los 19 que componen la zona euro, cumplieron estas indicaciones en sus planes presupuestarios enviados a Bruselas. Darvas también señala el elemento «procíclico» del Pacto, también muy criticado por la mayoría de los analistas ya que exige el recorte del déficit en momentos de crisis, lo que redunda en la caída de la inversión y el crecimiento justo cuándo es más necesario. Estabilidad versus Crecimiento.

El último informe de 2020 del Consejo Fiscal Europeo, órgano independiente que asesora al Ejecutivo comunitario, propone una simplificación de las normas para tener en cuenta, sobre todo, la deuda. El texto defiende blindar ciertas inversiones esenciales para el despegue económico. El vicepresidente económico Valdis Dombrovskis ha adelantado que Bruselas sopesa una especie de «norma de oro» para penalizar tan sólo el gasto corriente y no las inversiones con capacidad de generar crecimiento. De esta forma, los proyectos en ámbitos como la lucha contra el cambio climático o la digitalización, que Bruselas considera prioritarios dentro del modelo económico del siglo XXI, quedarían exentos en los límites de déficit y deuda.

Darvas es escéptico ya que cree que el Pacto de Estabilidad no es el culpable de la baja inversión en ciertos sectores. Recuerda que países como Alemania y Holanda no aprovecharon sus colosales superávits, antes del covid, para avanzar en este terreno y muestra su preocupación sobre la respuesta de los mercados –ahora anestesiados por la artillería pesada del BCE– si estas inversiones incrementan de manera sustancial la deuda de los países en situación más precaria.