Más riesgos que oportunidades

La probabilidad de usar los fondos europeos mal no es alta, es casi una certeza. El historial de pobres resultados de estos programas es bien conocido, desde el Fondo de Crecimiento y Empleo de 2009 al Plan Juncker o las directivas verdes europeas. El error de estos planes ya lo reflejó Edward L. Glaeser en 2016 en «Mitos y Realidades del Gasto en Infraestructuras en America» («If You Build It... Myths and realities about America’s infrastructure spending»). Se infla el producto interior bruto artificialmente y se asume impacto en PIB a corto plazo con beneficio económico a largo plazo. La evidencia de los grandes planes europeos o japonés es que dejan una economía menos dinámica, con mayor sobrecapacidad y menor potencial de empleo.

¿Funcionará?

No. Las alarmas ya deberían haber saltado al leer el documento del Gobierno «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». En su página 207 se vanagloria de que «en términos agregados, el empleo generado por el Plan podría superar los 800.000 puestos de trabajo al cabo del periodo de ejecución del Plan, lo que equivaldría a unos 12 empleos por cada millón de euros invertido». Solo esa frase habría generado una batería de despidos en una empresa privada y, sin embargo, el Gobierno la publica sin sonrojarse. En la página 223 se enorgullece de «una mejoría de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de las exportaciones a largo plazo», es decir, nada.

¿Es suficiente?

España necesita un impulso inversor transformador, pero no público ni mucho menos dirigido. La transformación digital y verde ya está en marcha y no hay escasez de capital ni emprendimiento privado. Si en medio del Plan Juncker, con tipos cero y altísimas inyecciones de liquidez, según Eurostat, España ocupó en 2019 el puesto 22 en nivel de intensidad digital de la Unión Europea, no va a mejorar porque lo dirija el Gobierno. España necesita favorecer la inversión en tecnología privada con incentivos fiscales, no orientarla a elefantes blancos.

¿Es un programa político?

La asignación de capital de estos fondos muestra también el bajísimo impacto en crecimiento económico real. Lo que denominan la transformación verde (39,12%) y digital (29%) esconde un proyecto dirigista y un «Plan E» dedicado a la construcción con una fuerte suma dedicada a gasto corriente. Sorprende la baja adjudicación a I+D+i (7%) y la mínima aportación al turismo, 3.400 millones en un sector que ha perdido 100.000 millones solo en 2020. El gasto en áreas como «refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio» muestra también el fuerte riesgo de ser un programa político y donde se despilfarre el dinero.

¿Irá donde se necesita?

El plan dirige decenas de miles de millones de euros a grandísimas empresas que no lo necesitan, empresas que se financian a tipos mínimos históricos, con acceso sin precedentes a los mercados de capitales y que no han tenido problemas para acometer sus planes de inversiones mientras sube los impuestos indirectos a todos los ciudadanos, dejando a turismo, pymes y autónomos en la estacada, de nuevo. El problema de estos planes de gasto público ingentes es que dejan tras de sí exceso de capacidad, al canalizarse a sectores que ya sufrían ese problema, menor dinamismo de la economía y menor potencial de creación de empleo mientras se suben los impuestos a todos los contribuyentes.

Daniel Lacalle es Economista Jefe de Tressis