Vox amplía su querella por el rescate de Plus Ultra para incluir delitos contra la Hacienda Pública

Vox ha ampliado la querella presentada por el rescate a Plus Ultra, añadiendo a los delitos de prevaricación y malversación que ya apuntaba otros contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. El partido de Santiago Abascal presentó en abril una querella en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid por los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyectó en Plus Ultra para mantenerla a flote y que Vox considera irregular. Ahora, la vicesecretaria jurídica de la formación política, Marta Castro, ha ampliado su escrito inicial para sumar presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones, tráfico de influencias y cohecho.

Además, ha solicitado nuevas diligencias reclamando a la juez que cite como testigo al director general de Plus Ultra, así como al representante legal de la compañía aérea y de Snip Aviation. También ha pedido que se remitan los informes realizados por Deloitte, Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Castro ha aprovechado la ocasión para echar en cara a la instructora, Esperanza Collazos, su silencio sobre la petición de Vox para personarse en el caso Plus Ultra, lo cual le impide actuar como acusación popular, según ha informado la organización de Abascal en un comunicado. La responsable jurídica de Vox ha explicado en un vídeo difundido por el partido que han dado este paso tras analizar una serie de documentos que revelarían “irregularidades contables” de gran magnitud. Así, ha enviado otro escrito al Tribunal Supremo, donde ya presentó otra querella en marzo, incorporando un análisis de la situación contable de Plus Ultra conforme al cual la aerolínea no cumpliría los requisitos para beneficiarse de un rescate. “Es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un ‘holding’ cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano”, afirma Castro en su escrito al alto tribunal.

Con todo ello, ha enfatizado la abogada en el vídeo, “Vox sigue y se mantiene en su compromiso con los españoles para llegar al final y depurar todas las responsabilidades políticas y también jurídicas a que haya lugar”.

Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sepi y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del consejo de administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a Plus Ultra.