Los tres desafíos de España

El aumento de la deuda pública española pone de relieve al menos dos hechos: que los efectos de la crisis anterior todavía permanecen, y así lo indica que la partida «otras unidades de la Administración» aumenta un 125%; y que la Seguridad Social necesita imperiosamente más cotizantes y la economía más capacidad de generación de empleo. El saldo de deuda de las Administraciones en Seguridad Social creció 55,1% con respecto a hace un año. Este incremento se debe principalmente a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su conocido y desbocado desequilibrio presupuestario.

Es cierto que la persistencia de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus lleva a mantener o extender las medidas de política económica, y que es esencial evitar una retirada prematura de los apoyos. Pero una vez se asiente la recuperación, va a ser imprescindible sanear las cuentas públicas, tanto por las limitaciones que supone para poder invertir, como para reconstruir los márgenes de actuación fiscal frente a crisis futuras.

El aumento de deuda evidencia que los retos a afrontar en los próximos años son de una gran envergadura y están muy relacionados entre sí. Por un lado, la elevada temporalidad del empleo, un mal endémico en nuestro país. Existe en España un gran número de trabajadores temporales que suelen pertenecer a grupos especialmente vulnerables, como los jóvenes –con menos experiencia laboral– y el colectivo de trabajadores menos cualificados, que es expulsado sistemáticamente del mercado de trabajo.

En segundo lugar, el nivel relativamente bajo de capital humano que hay en nuestro país, lo que requiere es revisar a fondo el sistema educativo español en todos los niveles, bajo una perspectiva de globalización, digitalización y avances tecnológicos.

Y, en tercer lugar, el reducido tamaño medio de nuestras empresas. En España contamos con una gran cantidad de empresas de tamaño reducido o incluso muy reducido, lo que implica una baja productividad agregada de la economía española si se compara con el área del euro.

El Gobierno tiene que abordar estos tres problemas con una estrategia de reformas estructurales a largo plazo, que deberá dar a conocer con el tiempo y la claridad suficientes para que todos los agentes económicos puedan analizar cómo les va a afectar.