Bruselas da barra libre de gasto hasta 2022

A tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. La Comisión Europea permitirá a los Estados seguir gastando dinero sin cortapisas no sólo durante este año sino también el que viene. En marzo de 2020, por primera vez en la historia, el Ejecutivo comunitario decidió activar la cláusula de escape para dejar guardadas en el cajón las normas fiscales reguladas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Desde entonces, los Estados han gozado de una bula total para poder inyectar dinero público como modo de luchar ante los estragos económicos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Esto ha permitido a los países europeos no tener que vigilar los límites de déficit público ni de deuda fijados en un 3% y en un 60% respectivamente. Hoy la Comisión Europea ha confirmado que este periodo de excepcionalidad durará hasta el año 2022 y que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no resucitará hasta 2023. En el mes de marzo, el ejecutivo comunitario ya se decantaba por esta opción, pero el veredicto no era definitivo.

El avance de las campañas de vacunación en la UE tras el renqueante ritmo de vacunación durante los primeros tres meses del año y el fin progresivo de las restricciones ha inyectado en las últimas semanas una sensación de optimismo en la UE que se une a la llegada de los fondos europeos del fondo de reconstrucción. A pesar de esto, Bruselas considera que no será posible recuperar los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022, con importantes diferencias entre algunos países de la zona euro.

Por eso, fuente diplomáticas advierten del peligro de retirar los estímulos demasiado pronto pero a su vez alertan contra la escalada de deuda de los países más castigados por la pandemia y que ya partían con una situación de desventaja antes de la crisis del coronavirus. Fuentes diplomáticas advierten a estos países como España de la necesidad de llevar a cabo políticas prudentes desde el punto de vista fiscal, sobre todo en el año 2022. Recomiendan utilizar los fondos públicos europeos para realizar inversiones y vigilar “el gasto público corriente”.