Montero se salta a Competencia y asegura que es el Gobierno el que decide si “modula” los tramos del recibo de la luz

Nuevo frente. El recibo de la luz abre una guerra entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Mientras los ministros “morados” presionan para adelantar el tramo valle, el más barato, de la medianoche a las 22:00 horas y la CNMC rechaza la propuesta asegurando que solo se lleva una semana con el nuevo sistema, en cuyo diseño han participado alguno de esos ministros y las organizaciones de consumidores, la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha saltado las competencias de la CNMC y ha asegurado que le corresponde al Gobierno determinar si modifica los tramos.

“No es un organismo cualquiera (la CNMC), sino que es el responsable de la regulación del mercado eléctrico”, ha matizado la portavoz, que ha añadido que sus recomendaciones van dirigidas siempre a buscar la “máxima eficiencia” y habrá que ver si “dentro de esa recomendación, cabe modular o no, pero le corresponde al Ministerio de Transición” Ecológica, que dirige Teresa Ribera.

Sin embargo, según remarcan fuentes del sector, es la CNMC el organismo regulador y único responsable de determinar los accesos y conexiones y, por tanto, de fijar los peajes y tramos en el caso de la discriminación horaria.

La tarifa eléctrica, en cumplimiento de la normativa europea, se divide en dos conceptos: peajes y cargos.

Los peajes son precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribucióny son determinados por la CNMC.

Los cargos son los precios regulados destinados a cubrir el resto de costes regulados, tales como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit, y son determinados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La factura del suministro de electricidad se compone del coste de la energía, los costes regulados (peajes y cargos), el margen para la comercializadora por los servicios prestados, el alquiler del equipo de medida y los impuestos. En este caso, en la factura los consumidores pagan un 21% de IVA eléctrico, uno de los más caros de Europa, mientras el del agua es del 10%, y otro 5,1% del impuesto eléctrico. Además, las eléctricas deben afrontar un 7% de tasa de generación, además del resto de tributos, que finalmente se traslada al precio de la electricidad.