El acuerdo de las pensiones encalla en tres puntos

«El acuerdo para cerrar la reforma de las pensiones es inminente». Ha pasado más un mes desde el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lanzó al aire esta afirmación en el Congreso de los Diputados y aún no se ha llegado a una resolución. Y por el enroque de las posturas, el acuerdo no parece estar cerca. Los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, acusan a los negociadores de Escrivá de «dar continuos bandazos» y critican especialmente que se cambien por sorpresa puntos que ya se habían pactado sobre la mesa y que aparezcan otros sobre los que ni tan siquiera se había negociado. Aún así, el ministro insistió hace apenas unos días en que «solo falta perfilar la letra pequeña». Pero esa letra pequeña parece haber aumentado a un cuerpo demasiado grande para que todas las partes pongan su rúbrica en un documento final.

Precisamente, esa falta de confianza de los agentes sociales a que se respete lo pactado ha provocado la última ruptura de la mesa de negociación. Los sindicatos acusan al Ministerio de dar marcha atrás a su promesa de acabar con el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013 y que Escrivá se comprometió a derogar. Los representantes sindicales esperaban que se incluyera en el primer bloque del acuerdo, pero un giro de última hora ha hecho que se deje para el segundo, lo que les hace sospechar que pondrán nuevos condicionantes.

Según consta en el Plan de Recuperación, el principal de ellos sería que su eliminación debe vincularse a la puesta en marcha de un mecanismo intergeneracional que lo sustituya, que según el calendario no se aprobaría hasta 2022. «El acuerdo estaría cerca, pero si no se deroga el factor de sostenibilidad no habrá firma. Lo básico estaría cerrado, pero es el Ministerio en que insiste en que faltan unos flecos», explicaron a este diario fuentes sindicales.

En cuanto a los empresarios, los puntos de fricción se centran en torno a los nuevos tramos de cotización de los autónomos para centrarlo sobre los ingresos reales, que ante el rechazo generalizado Escrivá optó por retirarlo y esperar hasta el segundo bloque. Pero también han mostrado su oposición a la obligatoriedad de incluir en los convenios cláusulas de restitución de un nuevo contrato indefinido por cada jubilado forzoso.

La premura de los tiempos con los que trabaja ya la mesa de diálogo podrían forzar un acuerdo de mínimos para cumplir con las exigencias de Bruselas. Escrivá necesita el apoyo a su reforma este mes de junio, para que el primer paquete de medidas pudiese ser aprobado en el Parlamento a la vuelta de vacaciones y presentarlo antes de final de año. Para ello, el Ministerio ha ido cediendo en varios puntos para acercar posturas, como que la revalorización de las pensiones en función del IPC no incluirá compensaciones a la baja por los años de deflación. Pero no lo ha logrado.