Las autonomías deben al Estado unos 3.400 millones por la liquidación de años anteriores

La economía española comienza a ver luz al final del túnel. Sin embargo, aún persisten en el horizonte nubarrones negros que amenazan con descargar sin piedad. Así lo advirtió este martes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante su participación en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. A su juicio, la sostenibilidad debe ser el eje central de la nueva gobernanza que plantee Bruselas en el marco de la reforma de las reglas fiscales, en suspenso desde marzo de 2020. En ese sentido, alerto de que la suspensión de las reglas fiscales decidida por Bruselas no ha implicado en ningún momento falta de supervisión ni desatención al medio plazo. En la fase más aguda de la crisis (2020-2021), la Comisión recomendó aprobar medidas oportunas, temporales y selectivas sin poner en peligro la sostenibilidad de medio plazo.

En la fase de normalización, que se iniciará en 2022, sugiere aplicar políticas fiscales que apoyen la actividad, pero más prudentes en los países con un elevado nivel de deuda. Y a partir de 2023 planteará un refuerzo de la sostenibilidad en el marco de la reforma de las reglas fiscales. En la nueva gobernanza, la deuda será la variable discriminatoria en la definición de las orientaciones fiscales. En ese contexto, reivindicó el papel clave de instituciones fiscales independientes como la AIReF en el análisis de la sostenibilidad y las estrategias fiscales.

La presidenta de la AIReF repasó la situación de las finanzas públicas en España tras la pandemia de la COVID-19, que ha truncado la recuperación en marcha y ha desencadenado un fuerte deterioro de las cuentas públicas. Aunque existe un amplio consenso sobre una rápida recuperación de la economía en 2021 y 2022, avisó de la elevada incertidumbre que existe sobre la intensidad de la recuperación a corto plazo, sobre todo, por las incertidumbres que planean sobre la gestión de los fondos europeos. Como botón de muestra, citó de lo dicho la dispersión en las previsiones de crecimiento a ese plazo, y sobre el impacto que puede tener la crisis sanitaria en el medio y largo plazo. Tal y como señaló Cristina Herrero, uno de los principales elementos de incertidumbre es el impacto que tendrá el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) en la economía española.

En su opinión, existen numerosos riesgos que pueden reducir dicho impacto, como una selección subóptima de los proyectos y eventuales retrasos en la implementación de reformas e inversiones o en los desembolsos de los fondos europeos. “Por el contrario, hay más certidumbre sobre el legado que supondrá esta crisis para las cuentas públicas, pese a que se espera una relativa rápida mejora del déficit público en relación con la crisis previa”. En concreto, la AIReF estima para su escenario central una reducción del déficit de las AAPP en los próximos años hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2024. El déficit se reducirá notablemente entre 2020 y 2022 por la retirada de las medidas para paliar la crisis sanitaria y la fuerte recuperación y se ralentizará posteriormente por el agotamiento de estos factores. Según la presidenta de la AIReF, el impacto inicial se localizará en la Administración central como financiadora del resto de subsectores, pero existe incertidumbre sobre el impacto a partir de 2022.

No obstante, avisó del déficit de las autonomías, que se situará en el 2% del PIB en 2022. En este contexto, calcula que las comunidades deben al Estado 3.400 millones de euros, unas tres décimas del PIB, por la liquidación por la no actualización de las entregas a cuenta realizadas durante la pandemia. Esta cuantía equivale a la liquidaciones que, obviamente, serán negativas. Las liquidaciones y las ayudas covid se elevan a 1,7% del PIB.

En cambio, las expectativas de mejora para la deuda pública son modestas. En concreto, la AIReF proyecta una reducción de la ratio de deuda sobre el PIB de 7,6 puntos para el año 2024, hasta el 112,4%, debido a la recuperación del crecimiento económico y a la desaparición de las medidas extraordinarias que han sido necesarias para hacer frente a la crisis. Tal y como señaló Cristina Herrero, la ratio de deuda pública también bajará despacio en países vecinos, como Italia, Francia y Alemania. Según la institución, el importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis, sumado a un elevado nivel previo, sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en una posición de mayor vulnerabilidad. Y si el déficit estructural se mantiene similar al previsto para 2024, el 3,5% o 4,5% del PIB, la deuda se estabilizaría en niveles superiores al 100% del PIB.

Pensiones

En el medio y largo plazo, el envejecimiento de la población y un posible endurecimiento de las condiciones de financiación se vislumbran como los principales riesgos. En concreto, un incremento de tipos en 100 puntos básicos podría suponer un gasto adicional acumulado en intereses en 2024 superior a 15.000 millones de euros y el escenario base sobre la evolución del gasto en pensiones de AIReF puede llevar a la deuda pública a alcanzar el 165% PIB en 2050, si se aplica el factor de sostenibilidad. Sin su aplicación, la AIReF calcula que se dispararía la deuda hasta el 175% del PIB.

Por este motivo, la presidenta de la AIReF insistió de nuevo en la necesidad de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo para reconducir la deuda a una posición menos vulnerable. Esta estrategia debe implicar a todas las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta su deuda y sus riesgos fiscales, con un horizonte temporal amplio e integrar en ella las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas del PRTR. Esta estrategia fiscal, según Cristina Herrero, debe explicitar objetivos fiscales y calendarios; basarse en previsiones realistas; plantear un horizonte fiscal suficiente para asegurar la sostenibilidad; incluir el detalle del coste de las medidas; incorporar posibles medidas a aplicar ante escenarios contingentes y explicitar objetivos sobre la calidad del marco de gobernanza fiscal. En paralelo, la calidad y evaluación de las finanzas públicas debe pasar a un primer plano como elemento central de la estrategia fiscal a medio plazo.

En este sentido, Cristina Herrero destacó el componente 29 del PRTR que contempla la incorporación al proceso de toma de decisiones de las recomendaciones del Spending Review, el lanzamiento de la tercera fase, un nuevo proceso de revisión y evaluación del gasto público para el periodo 2022-2026 y la creación de una división de evaluación en AIReF. Finalmente, analizó las características que un adecuado modelo de evaluación debería tener, tales como la estabilidad, la transversalidad, la participación de equipos multidisciplinares, el acceso a información de calidad y el compromiso con la implementación de las propuestas formuladas, entre otras.