La reforma de las pensiones de Escrivá “pone en riesgo la sostenibilidad”

Fedea pronostica un déficit anual de hasta el 7% y un gasto que superará el 17% del PIB con la indexación al IPC y la supresión del factor que introducía la mayor esperanza de vida

Jubilados una calle de Madrid
Jubilados una calle de MadridJesús G. FeriaLa Razon

Ajustar los gastos a las necesidades para no detraer recursos de otras partidas con la trampa de los gastos propios e impropios. Incluso con la financiación de parte del sistema de pensiones con impuestos y con la llegada de 10 millones de inmigrantes, cualificados a poder ser, la joroba de la pensiones que se producirá por la jubilación de los “baby boomers” en los próximos años va a hacer necesario recortes en la pensión inicial para mantener su capacidad adquisitiva durante más años. Y es que el gasto de esta prestación representa ya casi el 13% del PIB si tenemos en cuenta también las pensiones de los funcionarios (clases pasivas). Sin embargo, el primer paquete de reformas que plantea el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no aborda los problemas del sistema ni su sostenibilidad, según el informe “El futuro de las pensiones”, realizado por Fedea y Cajamar.

El documento ha sido presentado hoy por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, junto al coordinador de la misma, José Ignacio Conde-Ruiz, y a Sergi Jiménez, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra.

El sistema de pensiones español es de reparto (las cotizaciones de los actuales trabajadores en activo pagan las pensiones de hoy), contributivo (se recibe en función de lo que se aporta) y de prestación definida (la cuantía de la pensión está en función del historial laboral, al margen de factores externos como la esperanza de vida). Y ese es un motivo de preocupación para Fedea. Así lo ha señalado Ángel de la Fuente, que considera que el punto de partida del Pacto de Toledo es un diagnóstico muy optimista. “La idea es que no hay un problema de sostenibilidad y que si se hacen bien las cuentas no hay déficit y hay margen para aumentar el gasto porque estamos mejor que la mayor parte de los países de nuestro entorno. La propuesta es aumentar las transferencias del Estado y vuelve la indexación universal de todas las pensiones al IPC. La realidad es que no podemos permitirnos eliminar los mecanismos de control del gasto de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias. Necesitamos medidas más cautas para evitar sobrecargar a los jóvenes con sobrecotizaciones y más impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema”.

En los últimos años, el sistema ha acumulado déficit anuales de 1,5 puntos del PIB. El grueso de esos gastos, según el documento, no son impropios salvo las bonificaciones a la contratación. Por eso, es aconsejable la prudencia. Gastamos dos puntos más de PIB en pensiones que la media europea por unas prestaciones relativamente altas con respecto al salario medio. España está entre los países más generosos de la UE. La derogación de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias pondrá más presión sobre las finanzas públicas, tensionadas no solo por las pensiones sino en el gasto sanitario por el envejecimiento. “La reforma tendría que incorporar medidas de contención del gasto y de incremento de ingresos”, ha añadido De la Fuente.

Esta reforma ha hecho la parte más fácil. Se ha garantizado la suficiencia para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, que es una buena noticia. Todo el mundo está de acuerdo, pero hay que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida, que va a suponer un aumento del déficit estructural de entre 3 y 5 puntos del PIB. Así que la reforma pone en riesgo la sostenibilidad, por decirlo de una forma suave”, ha alertado José Ignacio Conde-Ruiz.

El trabajo comienza con un profundo análisis demográfico. España es el país industrializado con la tasa de fecundidad más baja (1,23 hijos por mujer en edad fértil) sobre todo, según detecta el informe, por la precariedad laboral. Por tanto, Fedea apuesta por una política migratoria activa y por la reforma del mercado laboral para afrontar que España va a ser en 2050 el país más envejecido de Europa por detrás de Italia, Grecia y Portugal. Por tanto, dejar al margen la mayor esperanza de vida es un error.

“Nos dicen que se va a quitar el factor de sostenibilidad y se le va a cambiar el nombre por el índice de equidad intergeneracional. No debería eliminarse uno sin sustituirlo por el otro antes”. Según los cálculos de los expertos de Fedea, en el sistema con la reforma de 2013 el gasto llegaba al 12,5% del PIB a mediados del siglo. Con la indexación al IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad, el gasto se disparará al 16-17% del PIB. “Con este primer acuerdo se le entrega a Bruselas un déficit en vez del 1,4%, del 5-7% cada año”. El recorte en el gasto en pensiones debería ser de entre tres y cinco puntos del PIB para evitar que sea el Estado el que durante varias décadas tenga que inyectar esas cantidades.

El documento apuesta por introducir un sistema mixto, como el sueco, de cuentas “nocionales”. En 1994, Suecia cambió su sistema, muy parecido al español, por uno más simple. Por una parte, todos los trabajadores aportan un 16% de la base salarial. Otro 2,5% de la base salarial se aportaría a un sistema individual de cuentas financieras (de capitalización) gestionado por entidades privadas. Se tendría además en cuenta la esperanza de vida.