Hacienda fiscalizará los gastos de la Seguridad Social ajenos a las pensiones

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados la primera fase de la reforma de las pensiones, que blinda su revalorización a la evolución de los precios y por tanto su capacidad adquisitiva. Escrivá ha celebrado que la reforma “despeja el pesimismo infundado de algunas previsiones que apuntaban a que dejar sin efecto al reforma de 2013 dispararían el gasto en pensiones en seis puntos en 2050″, como indicaba la Comisión Europea. “Este tipo de previsiones se han hecho sin mucho rigor e innecesariamente son alarmistas y han alimentado la inquietud en la sociedad”, ha criticado.

En una bronca comparecencia, el ministro ha recordado que la ratio de la pensión media respecto al salario medio, un indicador clave para medir la suficiencia del sistema, se situaba en el 66% en 2019 “pero con la reforma de 2013 iba a decrecer hasta situarse en el 30% en 2070, una pérdida de poder adquisitivo del 40%”.

Sin embargo, el propio Escrivá ha admitido que ha sido el traspaso de gastos de la Seguridad Social a las cuentas del Estado uno de los pilares que despeja por ahora el balance contable de su departamento, así como la separación de fuentes de financiación. En este sentido ha subrayado que todo aumento de gasto en las cuentas de la Seguridad Social ajeno a las pensiones sea fiscalizado por el Ministerio de Hacienda.

También ha reconocido que, pese al esfuerzo didáctico de su ministerio con la Comisión Europea, con los nuevos escenarios “más finos”, la derogación de la reforma de 2013 (que tumba el IRP y el factor de sostenibilidad”, sigue teniendo un impacto de 3,5 puntos de aumento del gasto.

Durante su comparecencia ante la Comisión para la evaluación y el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, Escrivá ha defendido que estas políticas, que han venido sufragándose por la Seguridad Social a través de cotizaciones, deban requerir el acuerdo del Ministerio de Hacienda.

El traspaso de todo este tipo de medidas a las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado es una de las medidas centrales de la reforma, y que en las cuentas de este año ya suponen una transferencia de unos 14.000 millones de euros a la Seguridad Social.

Escrivá ha celebrado así haber cubierto el 80% del déficit registrado por el sistema antes de la pandemia, unos 18.000 millones de euros, un desfase que el Ejecutivo no contempla “cerrar” hasta 2023.

Sin embargo, los cálculos que maneja el Pacto de Toledo y que el Gobierno, ha dicho Escrivá, ha “afinado” en su negociación con los sindicatos y las patronales, pasan por un nivel de gastos impropios en el entorno de los 22.000 millones de euros.

El titular de Seguridad Social ha reivindicado este traspaso con el fin de contar con una “imagen fiel” de la salud financiera del sistema público de pensiones y comprobar así, ha dicho, que España presenta un menor gasto en pensiones que el resto de países europeos de modelos de reparto, un “punto de partida sólido” para abordar la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas, los llamado ‘baby boomers’.

En este sentido, Escrivá también ha querido incidir que este reto es de naturaleza temporal, entre los años 2025 y 2050, que a partir de 2040 se inicia un descenso en las previsiones de gasto y que a partir de 2050 se alcanzan niveles de gasto similares a los que registra el sistema en estos momentos.