El plan de ayudas directas no llega ni al 10% de las pymes y autónomos

Más de cinco meses después de que fuera anunciado a bombo y plantillo el plan de ayudas directas de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos, apenas ha servido para aliviar la situación de un puñado de empresas. Según las estimaciones de patronales y asociaciones de autónomos, apenas un 10% de las que tenían opción de solicitarla ha logrado que le sea concedida. Por tanto, millones de estas empresas y autónomos que han visto su negocio seriamente dañado por la crisis del coronavirus y que esperaban solventar parte de la situación con ese dinero han visto todas sus esperanzas frustradas. El mecanismo de solicitud se ha mostrado demasiado lento, burocráticamente farragoso y con unos requisitos que se han demostrado ineficaces y, en la mayoría de los casos, imposibles de cumplir pese a que hayan perdido más de 30% de sus ingresos durante el último año. Para miles de estas empresas, ya es demasiado tarde.

En teoría, la finalidad de este plan era ayudar a las empresas a reactivar su actividad, sanear sus cuentas y que afrontaran los meses que resten de pandemia en la mejor condición posible. Sin embargo, el retraso en la concesión de estas ayudas impedirá ese objetivo a medio plazo en el 90% de las pymes españolas.

¿Y a quién se puede echar la culpa de esta situación? ¿Al Gobierno, a las comunidades autónomas, a los ministerios que diseñaron el plan, a Hacienda por complicar al máximo los requisitos exigidos? Pues un poco todos. El Gobierno ha vuelto a demostrar su incapacidad para plasmar con medidas eficaces sus buenas intenciones. Las comunidades han tardado demasiado en activar los protocolos y los plazos para acceder a las ayudas. En filando hacia la segunda semana del mes de julio, todavía hay cuatro comunidades que ni siquiera han presentado en la Agencia Tributaria ninguna solicitud. Asturias, Aragón, Extremadura y Canarias –junto a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla– aún no han abierto los plazos o están en trámites, con lo que las ayudas no llegarán hasta después del verano. Si a esto le unimos la excesiva burocratización y la complicación en los requisitos, todo lleva a que su verdadero impacto se vea muy reducido respecto a las expectativas iniciales.

En comunidades como Castilla y León o Madrid se han ampliado los plazos y los sectores de apoyo tras comprobar que las solicitudes ni tan siquiera cubrían los fondos asignados. Para muestra un botón: en Madrid, la primera comunidad en activar el plan, apenas 65.000 autónomos de 415.000 han optado a la ayuda, por eso se han ampliado los plazos.

Las razones son diversas, pero fundamentalmente que estos fondos están destinados a solventar deudas y créditos pendientes con entidades financieras, según los criterios aprobados en el plan, es decir, se condicionan estos fondos a la morosidad y al incumplimiento con los plazos de pago en facturas pendientes de pago y costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esto ha causado una gran indignación entre las empresas y los autónomos que han cumplido con sus obligaciones y se encuentran al corriente de pago, que ven ahora como se quedan fuera de estas ayudas aunque necesiten ese dinero para seguir adelante con sus negocios.

Patronales y asociaciones también cargan contra la decisión de dejar a las comunidades la potestad de ampliar el número de sectores a los que se dar cobertura con estas ayudas, a partir de los 95 oficiales reconocidos por el Gobierno central. Creen que esta decisión está creando serias diferencias entre comunidades, al haber sectores que pueden pedir subvenciones en un territorio pero no en otro. Por ejemplo, Madrid ha elevado de 95 a 125 el número de sectores beneficiarios, mientras que Castilla-La Mancha ha multiplicado por cuatro las actividades económicas con acceso directo, hasta 395.

Según estimaciones de la patronal Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, al menos una de cada tres empresas no tiene opción de presentar una solicitud por no cumplir los requisitos, y del resto advierten que la mayoría «ni siquiera lo va a intentar» ante las exigencias burocráticas que conlleva. De este modo, las empresas desestimadas podrían ser finalmente alrededor de las tres cuartas partes de las registradas, en torno a más dos millones y medio. En el caso de los autónomos, acceder a estas ayudas se complica aún más por una simple cuestión de fechas de sus obligaciones tributarias. Entre un 10% y un 20% de este colectivo –en el mejor de los casos y solo en algunas autonomías– podrán recibir estos fondos.

Para Cepyme, el plan no está alcanzando los objetivos para los que fue diseñado, por lo que urgen al Gobierno «a simplificar el trámite, ya que la complejidad del sistema está desalentando a las empresas de menor tamaño a solicitarlas, abocándolas al cierre». Lorenzo Amor, presidente de ATA, considera que las ayudas concedidas suman un número «ridículo» cinco meses después de ser presentado el plan, «un fracaso en sí mismo que se agranda más si se compara con lo hecho en otros países».