Las empresas españolas soportan una mayor carga fiscal que las de otros países que venden sus productos y servicios en el mismo mercado que nuestras compañías, lo que supone un verdadero freno a su competitividad. Prueba de ello es que, en el 2018, la presión fiscal empresarial representaba el 11,1% del PIB, frente el 9,6% de la media de la Unión Europea, tal y como indica el informe «La recuperación de la economía española necesita de un clima empresarial favorable», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Esta desventaja queda aún más de manifiesto, prosigue el informe, si se tiene en cuenta otro indicador, como es el de la contribución de las empresas a la recaudación total. Así, en Españalas empresas aportaron el 31,9% del total de ingresos tributarios de 2018, mientras que el promedio comunitario de los ingresos procedentes de compañías supone el 24,6% del total de recaudación. «Este es un problema que no es menor, ya que la imposición sobre las empresas afecta negativamente tanto por la menor inversión resultante como por el consiguiente deterioro de la productividad de los factores, al incrementar los costes y distorsionar los precios relativos de los factores», señala el análisis.

Y es que este exceso de gravamen provoca una reasignación ineficiente de recursos y una menor disponibilidad de los mismos, que redunda, en última instancia, en un menor crecimiento potencial. La economía, hoy en día, es global, y la capacidad de los países y las distintas regiones para atraer inversiones exteriores y capital está muy relacionada con la legislación y la fiscalidad vigente en los mismos. De ahí, según el IEE, la necesidad de contar con un sistema tributario eficiente y competitivo.

Un sistema tributario es eficiente cuando canaliza la recaudación con el menor grado de distorsiones posible. Ello implica que trata de no modificar las preferencias y decisiones de los distintos agentes y que tiene unas reglas que son de aplicación clara, sencilla y general, evitando entramados legislativos complejos que generan elevados costes de cumplimiento. En este sentido, es muy importante también la estabilidad legislativa del sistema fiscal, ya que, junto con la seguridad jurídica, es uno de los factores que más reduce los costes de cumplimiento.

Por su parte, un sistema tributario competitivo es aquel que se diseña con unas perspectivas de derecho comparado y en el que se mantienen unas condiciones favorables que permiten la atracción de capital y talento, o al menos la no expulsión del mismo hacia otras jurisdicciones. «Para adaptarse de forma inteligente a esta situación, la solución pasa por contextualizar la política tributaria, haciéndose consciente de las decisiones que en la misma pueden estar tomando los demás territorios con los que, en definitiva, se está compitiendo», añade. En este sentido, pone como ejemplo Alemania, país en el que se descartó reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio atendiendo a estudios como el del prestigioso instituto IFO, que estimaba que supondría una significativa pérdida de recaudación neta, pues implicaría una contracción, en el medio y largo plazo, de hasta el 5% del PIB nacional.

«Una Hacienda Pública que ignore, en el desarrollo de su política fiscal, lo que hagan las demás o sus consecuencias económicas, estará condenada al fracaso, entendiendo por tal la pérdida de contribuyentes y, en definitiva, de recaudación. Por ello, ante cualquier reforma, es necesario evaluar los países y las regiones de nuestro entorno, tomar como referencia las mejores prácticas y analizar las implicaciones económicas».

Déficit y deuda

El déficit público sufrió un importante deterioro en 2020 como consecuencia del aumento del gasto y la reducción de los ingresos de las administraciones públicas. Así, el desequilibrio entre ingreso y gastos arrojó un saldo negativo el 11% del PIB, a lo que se unió un fuerte aumento de la deuda pública, que se disparó hasta el 120%. Aunque para este ejercicio se espera cierta moderación del déficit, la deuda continuará aumentando, incluso por encima del 125% del PIB que ya alcanzó en el primer trimestre (1,4 billones en mayo). Por este motivo, el IEE hace hincapié en que la necesidad de alcanzar la consolidación fiscal a través de una imperante reducción del déficit público, que se ha de fundamentar en la contención del gasto y no en una subida impositiva, ya que los incrementos en las tasas tienen una elevada incidencia negativa sobre la actividad y el empleo. De acuerdo con el análisis del Instituto de Estudios Económicos, la eficiencia del gasto en España es un 14% inferior a la media de la OCDE, un margen de mejora que se eleva incluso hasta el 66% con respecto a las mejores prácticas a nivel global.