Las obras fallidas que dilapidaron las arcas públicas españolas

Despilfarro y sobrecostes, asignaciones irregulares de dinero público, proyectos faraónicos, ostentosas inauguraciones e infraestructuras fallidas, vacías o infrautilizadas. Estos son los principales ingredientes que se repiten en la receta de los grandes fiascos urbanísticos nacionales. Aunque este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, España lo repite hasta la saciedad, aumentando la pesada mochila de deuda con la que cargan las administraciones de las comunidades y los gobiernos locales.

El pasado mes de julio el ministerio de Hacienda publicó la deuda viva de los municipios españoles a cierre de 2020. Aunque, en conjunto, los ayuntamientos volvieron a reducir su deuda un 6,8% hasta los 17.679 millones de euros, sigue habiendo ciudades que lideran el ranking de los números rojos más elevados. El podio de las ciudades españolas más endeudadas lo protagoniza Madrid (1.950,4 millones de euros), seguida de Barcelona (801,4 millones) y el municipio gaditano de Jerez de la Frontera (799,8 millones). El top 5 lo completan Zaragoza (700,9 millones), Jaén (481 millones) y como mención especial destaca también la localidad madrileña de Parla con 412,4 millones de euros de deuda. No obstante, desde 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los municipios españoles han reducido el conjunto de sus deudas en un 50%. En el caso de los que siguen debiendo más dinero, Madrid debía 7.429 millones en 2012, frente a los 1.950,4 millones de 2020, es decir, ahora un 73,74% menos.

Además, al tener en cuenta su población, la deuda por habitante se reduce considerablemente. En Madrid, donde hay 3,33 millones de habitantes, cada ciudadano solo debería 585 euros; en Barcelona, con 1,66 millones de habitantes, la deuda per cápita asciende solo a 482 euros; en Jerez de la Frontera, su población más reducida (213.105 ciudadanos) hace que la deuda por habitante se dispare hasta los 3.753 euros; en Zaragoza, la deuda por habitante asciende a 1.028 euros al tener 681.877 habitantes. Finalmente, en Jaén, la deuda correspondiente a cada uno de sus 112.751 habitantes es de 4.267 euros.

El “y yo más” parece ser la raíz del problema, detectó Llàtzer Moix en su libro de 2010 “Arquitectura Milagrosa”, donde revisa los años enfebrecidos del urbanismo español y sus obras impresionantes pero, en ocasiones, insensatas. El autor señala como punto de inflexión la inauguración del Museo Guggenheim, que “obró milagros en Bilbao”, alejando a la ciudad “de la grisura posindustrial” y metiéndola de lleno en “los brillos de la economía terciaria”. Alcaldes y presidentes autonómicos de toda España quisieron imitar el ejemplo bilbaíno con edificios espectaculares “con firma de postín”, pero en la mayoría de las ocasiones sin ningún tipo de éxito.

En las últimas dos décadas, las administraciones públicas han malgastado más de 80.000 millones de euros “en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles”, según el informe de 2018 “Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas” publicado por la Asociación de Geógrafos Españoles. Una cifra que, además, ascendería hasta los 97.000 millones de euros en los años siguientes a 2018 si se sumaban las obligaciones ya adquiridas.

Madrid, como la ciudad con mayor deuda total de 2020, acumula varios fiascos urbanísticos a lo largo de los últimos años. Destacan tres obras paradas: la Ciudad de la Justicia de Madrid, con un coste de 300 millones de euros, donde ahora se ubica el Hospital Zendal; el Centro Acuático (117 millones de euros), planteado cuando se intentó que Madrid fuera la sede de los Juegos Olímpicos; y el Centro Internacional de Convenciones de Madrid (82,8 millones). La Caja Mágica es otra de las infraestructuras que pese a estar operativa, tiene un menor uso de lo previsto y su coste se disparó hasta los 300 millones de euros.

Barcelona también tiene sus aspirantes al trono del despilfarro. El más costoso de todos es la línea 9 de metro de Barcelona, en la que ya se han ido 6.916,47 millones de euros, 4.949,01 millones por encima del coste inicial. Le sigue de cerca el Fórum de las Culturas, con un coste de 240 millones de euros, 31 millones más de lo calculado, y el Hospital Moisés Broggi, cuyo precio se duplicó hasta los 90 millones de euros por sobrecostes irregulares no previstos en los pliegos del concurso inicial.

En el sur de España, Jerez de la Frontera puede echar la culpa de sus deudas a obras sin mucho éxito y a la corrupción. Jerez se gastó 37 millones de euros en su Ciudad del Transporte, una infraestructuras infrautilizada; también acumula 75 millones euros en deudas con los proveedores servicio de recogida de residuos y limpieza; y se vio envuelta en la Gürtel, con la adjudicación irregular de tres contratos valorados en 214.028 euros a dos empresas de la trama con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004. Siguiendo con Andalucía, Jaén debe gran parte de su deuda al tranvía que costó 120 millones de euros y que ahora se encuentra cerrado, aunque el ayuntamiento y la Junta han firmado un acuerdo para su próxima puesta en marcha, 10 años después.

Más de una década después, Zaragoza sigue sin saldar la deuda que dejó la Expo de Agua de 2008, que tuvo un coste de 2.250 millones de euros. A esto se le suma su tranvía (400 millones de euros) y la Torre del Agua, otra infraestructura de dudosa rentabilidad que costó 53,5 millones de euros a los habitantes de la capital maña.

Corrupción y mala gestión de proyectos urbanísticos

El malgasto y el uso irresponsable del dinero por parte de los gobernantes locales -donde residen competencias tan importantes como urbanismo y ordenación del territorio- es uno de los grandes lastres que arrastran las cuentas españolas. Si solo se tiene en cuenta la deuda per cápita, los municipios en los que sus ciudadanos deben asumir mayor cantidad de deuda, son Vallada (Valencia) con una deuda total de 28,3 millones de euros, que por habitante asciende a 9.128 euros; Navajas (Castellón), con 5,9 millones de deuda total (8.129 euros por habitante); Los Barrios (Cádiz) acumula una deuda de 162,5 millones de euros, lo que implica una deuda por habitante de 6.833 euros; Moraleja de Enmedio (Madrid), con un endeudamiento de 35,9 millones de euros para tan solo 5.200 habitantes, lo que hace que la deuda per cápita sea de 6.803 euros; y finalmente Valdeprado (Soria), pese a tener una deuda total de apenas 47.435 euros en 2020, al ser solo una población de siete habitantes, la deuda per cápita se dispara hasta 6.776 euros.

La corrupción y la mala gestión de proyectos urbanísticos están detrás de estas cifras. Vallada se vio ahogada por Valpark, un parque industrial con 1,3 millones de metros cuadrados que quedó paralizado en 2009 con la llegada de la crisis. La práctica totalidad de la deuda de este municipio corresponde a este faraónico proyecto fallido plagado de impagos y expropiaciones millonarias. Ahora, la alcaldesa de Vallada afirma en declaraciones al medio “Valencia Plaza” que la llegada de los fondos de recuperación europeos puede ser una oportunidad para “acabar la urbanización del polígono y ponerlo en marcha”.

En 2016, Navajas saltó a la palestra por una causa judicial abierta contra el exalcalde y el exsecretario municipal del municipio por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales. Al desvió de dinero público a sus cuentas personales por parte de los expolíticos al frente de Navajas se suma una mala gestión de proyectos urbanísticos como un polideportivo que acabó por costar 1,16 millones de euros (un 50% más de lo previsto).

Los Barrios, en Cádiz, repite un patrón similar. Este caso fue especialmente llamativo por el gran volumen de deuda generada y la cantidad de imputados. El medio gaditano “Hora Sur” relata cómo el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras imputó en noviembre de 2012 a los tres exalcaldes del PSOE en Los Barrios, Alonso Rojas, Juan Montedeoca y Ángeles Ariza, así como a otros 11 cargos socialistas por diversos delitos como prevaricación y tráfico de influencias. Estos cargos crearon un entramado de empresas públicas municipales deficitarias a las que se desviaron fondos durante la primera década de este siglo XXI.

Moraleja de Enmedio, por su parte, puede achacar sus deudas a tres grandes hitos: ocho millones de euros en un centro acuático, otros cuatro en un centro cultural y un alcalde imputado en la trama Púnica acusado de amañar contratos. Finalmente, el caso de Valdeprado no tiene nada de oscuro, simplemente la deuda procede de un préstamo del Estado para construir cuatro viviendas públicas con el objetivo de atraer habitantes a esta zona altamente despoblada, recoge “20minutos”.

El AVE y los aeropuertos “fantasma” engrosan la lista negra

La lista de grandes fiascos urbanísticos poco rentables, sin acabar o cerrados es mucho más extensa y haría sonrojarse a los exlíderes políticos de casi todos los ayuntamientos españoles. El informe de la Asociación de Geógrafos destaca también las líneas de tranvía insostenibles como la de Vélez-Málaga, bahía de Cádiz o Parla, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Ciudad de la Cultura de Santiago y, por supuesto, la Ciudad del Circo de Alcorcón (Madrid).

En esta recopilación tampoco podían faltar las líneas de AVE. De los 42.000 millones invertidos en ellas en las últimas dos décadas, 26.240 millones de euros corresponden a una asignación inadecuada de dinero público. Según el informe, existen “demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas e innecesarias, tramos abandonados a mitad, sobrecostes desproporcionados y desfases bajo sospecha”. Entre ellas destacan, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, con un coste total de 8.966 millones de euros, la línea entre Valladolid y Santiago de Compostela con casi 5.000 millones o la variante de Pajares con un “despilfarro” de 3.500,6 millones de euros.

Los puertos y aeropuertos ocupan el segundo lugar en gastos desproporcionados con un despilfarro de 9.512 millones de euros y que fueron “impulsados por distintas comunidades autónomas, sin más criterio que la supuesta rentabilidad electoral, ahora cerrados, fallidos, sin pasajeros o con un número tan reducido que seguirán siendo deficitarios durante décadas”.

El mayor desastre fue el aeropuerto de Ciudad Real, con un coste de 1.100 millones de euros. Mientras permaneció abierto entre diciembre de 2008 y junio de 2010, apenas transportó 10.000 pasajeros anuales, cuando la previsión era que alcanzase los 2,5 millones en sus primeros cinco años de vida. La mayoría de estos proyectos jamás saldrán de esta lista de la vergüenza, aunque otros, como el aeropuerto de Castellón, han logrado resurgir de sus cenizas convirtiéndose en el cuarto parking de aviones de España.