Enfrentamiento

Podemos quiere una empresa pública con hidroeléctricas nacionalizadas

Presentará a Sánchez tras el verano un plan con sanciones a empresas e intervención de los mercados. Las compañías eléctricas niegan que se estén beneficiando de esta subida: “Es la actividad gasista”

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 saliente Pablo Iglesias (i) abraza a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), durante su traspaso de cartera.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 saliente Pablo Iglesias (i) abraza a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), durante su traspaso de cartera.MariscalEFE

Podemos no quiere dejar pasar la oportunidad del enloquecido despegue de los precios de la electricidad en los mercados mayoristas para presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que a la vuelta de verano dé luz verde a sus planes. Dentro de ellos, según explicaron a LA RAZÓN fuentes del partido morado, destacan «la creación de una empresa eléctrica pública, la estatalización de infraestructuras hidroeléctricas, el desarrollo pleno de energías limpias, un duro modelo sancionador para las empresas que incumplan el nuevo modelo social y la potestad intervencionista sobre los mercados que marcan los precios de la luz cuando se detecten subidas no justificadas».

Hasta el momento han contado con un «no» rotundo del presidente, pero el equipo de Ione Belarra, impulsado por la nueva formación ecologista integrada en sus filas, Alianza Verde, prepara ya un proyecto de ley para la creación de dicha empresa pública, que presentarán, a más tardar, al comienzo del nuevo curso, justo cuando deben comenzar a negociarse los nuevos Presupuestos Generales. Los morados esperan contar con el apoyo de las formaciones independentistas catalanas, ERC y JxC, con la idea de formar pinza en conjunto para llevar a cabo sus planes, con sus votos y prebendas presupuestarias puestos en juego.

Según este plan, la «gran empresa pública» que prometen asumiría la explotación de las plantas hidroeléctricas nacionalizadas una vez hayan caducado sus concesiones oficiales. Aunque no descartan que se pueda optar por una nacionalización forzosa, las millonarias indemnizaciones que provocaría esta decisión haría que esta vía sea complicada de llevar a cabo por motivos legales y porque cuentan con la oposición directa del presidente Sánchez y de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Para mantener esta negativa, el Gobierno se escuda en que ninguno de los puntos firmados en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones figuraba la estatalización de la energía –aunque sea parcial– o la creación de una empresa pública para el sector. Lo que sí aceptó la ministra fueron unos acuerdos puntuales en materia energética, como un nuevo sistema de tarificación y el control de los «windfall profits» –los beneficios no consignados–, como está pasando ahora por el despegue de los precios en el mercado mayorista por el uso de tecnologías más caras en momentos coyunturales, como es el actual.

Eso era lo que estaba sobre la mesa hasta este momento, pero el caos provocado por el «pelotazo» en el mercado mayorista ha sido la excusa perfecta de Podemos para plantear su plan energético más extremo, y que ambas formaciones deberán tratar de cara al nuevo curso. En este punto, sí que Ribera coincide con Belarra y con Podemos en la propuesta de los morados de acelerar tras el verano la reforma energética, que sí figuraba específicamente en el acuerdo.

Ayer mismo, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó a través de las redes sociales que su partido se opondrá «en la calle, en el Gobierno y en el Parlamento» a lo que considera un «saqueo» de las eléctricas con la factura de la luz, y lanzó un velado aviso al PSOE: «Quien no quiera seguirnos, que se retrate».

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) niega este supuesto saqueo y ha propuesto desvincular «la tarifa regulada de la luz en los precios del mercado mayorista eléctrico para evitar así la volatilidad de la factura de los hogares». Aelec defiende que las compañías eléctricas «no se están beneficiando de la subida del precio en el mercado mayorista. Al contrario, estamos asumiendo muchos gastos e inversiones. Es la actividad gasista la que se ha visto beneficiada por la actual situación del mercado».