El alza del SMI beneficiará a 1,5 millones de empleados

Un millón y medio de trabajadores viven pendientes de la reunión que mantendrá el próximo lunes el Ministerio de Trabajo con los sindicatos (UGT y CC OO) y las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme). Esa es la cifra de personas que se beneficiarán de la «inmediata» subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según los cálculos que se manejan en la mesa de negociación. No obstante, la cifra final dependerá de la cuantía que suba en última instancia y que aún no está cerrada. En cualquier caso, todo parece indicar que rondará entre los 15 euros que ha ofrecido el Gobierno en el primer compás de la negociación y un máximo de 25 euros, que es la cifra que reclaman a Trabajo los sindicatos. La duda se resolverá el lunes, según ha asegurado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es cuando se tomará una decisión sobre el asunto.

En la mesa, la postura más distante es la de los empresarios, que consideran que no es el momento de subir el SMI cuando aún hay muchas compañías que no se han recuperado de la grave crisis económica causada por la pandemia de coronavirus. En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se descolgó ayer con una ocurrencia que rápidamente ha sido descartada por el Gobierno. El líder la patronal afirmó ayer que subir el Salario Mínimo puede suponer una «importante contracción del empleo» y planteó la necesidad de negociar un SMI por territorios, dado que el coste de la vida no es el mismo en todos ellos. «Estamos hablando de una España diversa. El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio, como hace la propia negociación colectiva», explicó Garamendi en declaraciones a Capital Radio.

Lo que no explicó el presidente de la CEOE es cómo se calcularía ese «Salario Mínimo autonómico» ni otros problemas que podría generar, como qué pasaría cuando un trabajador de una misma empresa fuera trasladado a otra parte del país con un SMI distinto. Además, esto podría provocar una deslocalización de empresas en beneficio de aquellas regiones donde los costes laborales –el salario mínimo en este caso– fuesen menores y, por tanto, más ventajosos para sus intereses.

Trabajo y Hacienda dicen «no»

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, descartó establecer un Salario Mínimo diferenciado por territorios, como ha propuesto Garamendi. «Yo creo que esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política de nuestro país y que tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado. Un valor tan reclamado por las organizaciones patronales podría sufrir en términos de un salario mínimo diferenciado por territorios», afirmó en la rueda de prensa para explicar los datos de desempleo. En el mismo sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en declaraciones a RNE que «hay un tipo de regulación estatal que debe primar en todo el país». «No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación al territorio porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen», dijo.