Energía

Las eléctricas avisan: pararán las nucleares si el Gobierno no da marcha atrás

Las centrales consideran que es inviable operar si se aprueba el recorte a la retribución del CO2 no emitido con la actual presión fiscal que soportan. El cierre dispararía aún más el precio de la electricidad

Vista desde la playa de la Almadraba de la central nuclear de Vandellòs (Tarragona)
Vista desde la playa de la Almadraba de la central nuclear de Vandellòs (Tarragona)Jaume SellartEFE

Las eléctricas no se van a quedar con los brazos cruzados ante la avalancha de recortes, tijeretazos y medidas temporales que llevan a que las compañías sean las que paguen buena parte de la subida del recibo de la luz. Y ante la última andanada han explotado advirtiendo de que si se tramitan todas las medidas tendrán que echar el cierre de las nucleares, lo que agravaría aún más la tensión en los precios. Para empezar la patronal nuclear ha rechazado de plano el proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Este recorte, de unos 1.000 millones, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear, ha afirmado la patronal nuclear en un comunicado.

Las generadoras nucleares remarcan que de entrar en vigor el proyecto de ley tal y como está redactado, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 euros el MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas.

Además, señalan que de haber estado en vigor este proyecto de Ley, “no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación” las centrales y recuerdan que la Ley no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso.

Las eléctricas inciden en que, además, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal,ahonda aún más en la penalización a la generación de origen nuclear.

El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2.

Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha, subraya Foro Nuclear. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes.

“La excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad”.

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.