La ventajista reforma eléctrica: las centrales cobran 60 euros MWh y el Gobierno les obliga a que devuelvan 130

El Gobierno de PSOE-Podemos ha tomado desde el comienzo de esta legislatura una peligrosa deriva: establecer controles sobre aquellos precios que no se mueven en la dirección deseada. El problema de establecer controles de precios desde el BOE es que las relaciones económicas empiezan a tomar rumbos que pueden terminar generando mayores perjuicios que aquellos que se pretendía evitar. Tomemos, si no, como muestra el botón de la reciente subida del precio de la electricidad.

Una de las medidas estrella aprobadas a este respecto el pasado martes fue la de limitar el precio del MWh que pueden percibir las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas. Como el precio del MWh es determinado en el mercado mayorista por la tecnología más cara –en este caso, el gas– y, en cambio, los costes de generación de las centrales anteriores son más reducidos, lo que PSOE y Podemos han pretendido es topar el precio al que están autorizadas a verter electricidad a la red. En particular, se les obliga a devolver prácticamente la totalidad del precio que exceda los 50 MWh. Por ejemplo, si el precio del MWh en el mercado mayorista se ubica en 180 euros, estas centrales serán forzadas a reembolsarle al Estado 130 euros –puesto que se presupone que han ingresado 180 euros por MWh y el Gobierno no quiere que obtengan más de 50–.

¿Cuál es el problema? Pues que muchas de esas centrales ya vendieron por anticipado su generación eléctrica para este año y para el siguiente a unos precios que pueden rondar los 40-60 euros por MWh con independencia del nivel que alcance en el mercado mayorista. O dicho de otro modo, una central puede tener que vender un MWh cobrando 60 euros y el Gobierno obligarla a que devuelva 130 euros, de modo que el precio neto que obtendría sería negativo: -70 euros.

Como es obvio, las distintas centrales ya se han puesto en pie de guerra, cada una dentro del ámbito de sus posibilidades. Por un lado, las nucleares han amenazado con echar el cierre, si bien necesitarían previamente la autorización del Ministerio de Industria, cosa que es improbable que suceda en el muy corto plazo –lo cual, empero, no es incompatible con que demanden al Ejecutivo en los tribunales y terminen ganando–. Por otro, la Asociación de Empresas de Energía Renovable ya ha alertado de que muchos de sus miembros necesariamente suspenderán sus operaciones durante la vigencia del decreto debido a que no piensan vender a pérdida. Y a su vez tengamos presente que las centrales hidroeléctricas probablemente aprovechen toda la polémica con respecto al agua desembalsada durante los últimos meses para cerrar el grifo en la actual coyuntura torpemente regulada.

El resultado final de todos estos movimientos –si es que el Gobierno no da marcha atrás en su normativa, como ya ha dicho en parte que va a hacer– sería el de volvernos todavía más dependientes del gas justamente en un momento en el que éste está por las nubes. Se trata, pues, de una reforma chapucera que ha pretendido ser efectista en el corto plazo sin considerar todos los negativos efectos que podría desencadenar como resultado. Se ha querido –o ésa es al menos la versión oficial– beneficiar a los consumidores y podría terminar perjudicándoles si todos los generadores eléctricos terminan cumpliendo sus amenazas. Rectifiquen.