Empresas y autónomos cargan contra la subida de las cotizaciones y advierten que el diálogo social “pende de un hilo”

No corren buenos tiempos para el diálogo social. La «puñalada por la espalda» que ha dado el Gobierno a los empresarios y a los autónomos es difícil de olvidar –explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales– y ha dejado muy tocada la confianza de la patronal, que duda ya de que vaya a propiciar acuerdos pendientes, algunos tan importantes como los nuevos ERTE o la reforma de las pensiones.

En este caso han cargado contra la subida de las base máximas de cotización que se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, con un aumento del 1,7%, un varapalo y un castigo para las empresas. Desde la patronal ya hablan sin tapujos de que el diálogo social «pende de un hilo cada vez más fino» y advierten de que «no es el momento de subir las cotizaciones» con una crisis aún presente, los desorbitados precios energéticos sin freno y el aumento de los costes de las materias primas.

Por su parte, el colectivo de autónomos también ha cargado contra una subida «a traición y sin mediar reunión alguna ni negociación» –denuncian desde las asociaciones de este colectivo–. Los Presupuestos marcan una subida generalizada de las bases y los tipos de cotización. La base se situará en 4.139,40 euros para la máxima y 960,60 euros para la mínima, lo que supondrá 76 euros más para los primeros (y una cuota mensual de 294 euros) y 60 para los segundos.

En cuanto a los tipos, pasan del 30,3% al 30,6%. Eso significa que cuota se elevará entre 36 euros y 149 euros anuales para los autónomos persona física y entre 44 y 149 euros para el caso de los societarios. Si se hace un mero cálculo matemático y se suman ambos incrementos, por un lado el correspondiente a las bases y por otro a los tipos, el varapalo para los ya precarios bolsillos de los trabajadores por cuenta propia será de entre 96 euros anuales para las personas físicas y los 225 euros para los societarios.

Además, a este descontento hay que sumar el desconcierto provocado por la última propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, de limitar al 15% la tasa de temporalidad máxima en las plantillas. «No se puede tomar una decisión de forma general, tiene que analizarse por sectores», advierten desde la patronal. Los empresarios consideran que, aunque reducir la temporalidad debe ser un objetivo de todos, «no se consigue con números clausus o topes que penalizan a autónomos y a las pequeñas empresas», tuiteó ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor.