Opinión

Más impuestos que ayer, pero menos que mañana
En 2019, el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales suponían el 35,2% del PIB. En 2020, el 37,7%. En 2060, la presión fiscal crecerá en 13,2 puntos, según la OCDE
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España no sólo es el país europeo en el que más ha aumentado la presión fiscal durante la pandemia, sino que será uno de los que más tendrá que aumentarla a lo largo de las próximas décadas para mantener a raya nuestro hiperendeudamiento público. Es decir, todo apunta a que, por muchos impuestos que ya estemos pagando en el presente, vamos a terminar pagando aún más en el futuro. En primer lugar, la presión fiscal española fue la que más se incrementó en 2020 de entre todas las economías europeas. En particular, si en 2019 el conjunto de impuestos y de cotizaciones sociales ascendían al 35,2% del PIB, en 2020 suponían el 37,7%. La razón de este fuerte incremento del porcentaje de la economía que termina siendo absorbida por el sector público es que nuestra actividad agregada se redujo más de lo que disminuyó la recaudación: mientras que el PIB se hundió un 10,8%, la recaudación apenas lo hizo en un 5,2%. Es decir, que el Gobierno siguió sangrando a los ciudadanos a un ritmo solo medianamente inferior al de 2019 pese a que la economía se desplomó. Los impuestos, por tanto, se volvieron una losa relativamente más pesada.

En segundo lugar, a medio y largo plazo, esta situación no hará otra cosa que empeorar. De acuerdo con un reciente informe de la OCDE, España será el país de Europa (en realidad, de toda la OCDE) donde más aumente la presión fiscal durante los próximos 40 años. Concretamente, la organización internacional anticipa que, en el año 2060, la presión fiscal será 13,2 puntos de PIB superior a la actual (lo que la llevaría a niveles próximos a la mitad de toda nuestra actividad económica). ¿Y por qué razón se incrementará tanto? Tres puntos vendrán causados por el mayor gasto en pensiones, 2,9 puntos se explicará por el incremento del gasto en sanidad y dependencia, mientras que los otros 7,3 puntos se destinarán a otros desembolsos. ¿Existe alternativa al informe fiscal que se está empezando a conformar en nuestro país?

De acuerdo con la OCDE, deberíamos impulsar una más profunda liberalización del mercado de trabajo para conseguir que muchos ciudadanos que hoy se hallan fuera del mercado laboral –en ocasiones incluso por propia voluntad– se dirijan a aumentar el volumen de empleo total y, con él, el valor del PIB. Asimismo, la OCDE también propugna retrasar la edad de jubilación para aliviar la carga que recaerá sobre todos nosotros.

Sucede que este Gobierno no parece tener demasiada intención de hacer ni lo uno ni lo otro. Por un lado, Díaz está preparando una contrarreforma laboral (no sin las lógicas fricciones con Economía) que no solo dificultará la creación de empleo sino, a través de ellas, obstaculizará el aumento de la tasa de actividad dentro de nuestro país. Por otro, el Ministerio de Seguridad Social pretende prolongar tímidamente la edad efectiva de jubilación, pero a cambio de reindexar las pensiones al IPC, cebando de ese modo el gasto que alternativamente podría haberse moderado.

En definitiva, el Gobierno ya nos condenó en 2020 a un importante incremento de la presión fiscal (por negarse a ajustar a la baja los impuestos en un contexto de hundimiento económico), pero está sentando las bases para un brutal y devastador incremento de la misma durante las próximas décadas.

Contrarreforma laboral

PSOE y Podemos dicen estar de acuerdo en querer derogar la reforma laboral. Pero la realidad es que el Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a no hacerlo o, al menos, a no eliminar aquellas partes de la reforma laboral que son del agrado de la Comisión y que son, a la vez, las que generan un mayor rechazo en la formación morada. Es bastante complicado que finalmente termine alterándose alguno de los aspectos sustanciales de la reforma de 2012 porque todas las partes –salvo tal vez Podemos– son conscientes de que mejoró notablemente el mercado laboral preexistente. Pero, mientras tanto, viviremos elaboradas escenas teatrales donde se nos intentará persuadir de que la derogación se va a producir y de que tanto PSOE como Podemos han cumplido su promesa al respecto.

Peajes en las autovías

Otro de los compromisos que ha adquirido el Gobierno de PSOE-Podemos con Bruselas es la imposición de peajes en todas las autovías del país. Los morados dicen estar frontalmente en contra de la medida pero, de nuevo, tendrán que tragar con lo que también ellos han acordado con Bruselas. El peaje no es una mala idea, pero debería combinarse con una reducción fiscal sobre los conductores para hacer que el cambio de tarificación sea neutro y no una trata para extraer recursos adicionales de los españoles. Si lo que quieren no es sablear con más saña a los ciudadanos, sino aumentar la corresponsabilidad entre uso y gasto en conservación, devuelvan a los ciudadanos parte de los 30.000 millones de euros que ya se recaudan cada año con impuestos sobre la circulación de vehículos.

La amenaza inflacionista

La inflación se está convirtiendo en una preocupación cada vez más intensa entre empresarios, políticos y autoridades monetarias. Lo que en principio parecía un fenómeno coyuntural y pasajero, está prolongándose más tiempo del esperado (en forma de cuellos de botella persistentes) y, por tanto, está comenzando a impactar en las expectativas de los agentes económicos. Cuanto más tiempo dure, más afectará a las expectativas y cuanto más tiempo afecte a las expectativas, más dolorosa será la receta que habrá que aplicar para controlar la inflación. Por eso, deberíamos evitar jugar con fuego: los estímulos, tanto fiscales como monetarios, que se aplicaron con carácter extraordinario durante 2020 deberían ser retirados más pronto que tarde. Seguir cebando el gasto con restricciones en la oferta solo alimentará la inflación.