Estos son los ayuntamientos más afectados por la nueva plusvalía municipal

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los ayuntamientos perderán un mínimo de 78 millones anuales con la nueva regulación de la plusvalía, tras la entrada en vigor del real decreto que adapta el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) a la sentencia del Tribunal Constitucional. Así lo recoge el portal inmobiliario Idealista, que ha elaborado dos tablas que reflejan el descenso de recaudación que sufrirán las principales capitales de provincia y ciudades de más de 150.000 habitantes, así como las pérdidas por comunidades autónomas. De esta forma, la nueva normativa perjudicará a buena parte de los ayuntamientos pero beneficiará a los contribuyentes, que tendrán que hacer frente a un pago de la plusvalía municipal inferior al que hubiesen tenido que asumir si siguiera vigente a la ley anterior.

En 2019, los ayuntamientos de toda España recaudaron 2.500 millones de euros a través de este gravamen, siendo el segundo más importante para las arcas municipales. La nueva normativa ocasionará un “agujero” en 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes que superará el 20% de los ingresos por este tributo, contando exclusivamente el efecto de los nuevos coeficientes del método objetivo. El decreto establece que en caso de ganancia el método del cálculo será optativo, con lo que el contribuyente podrá elegir entre pagar conforme al nuevo sistema objetivo, que se adaptará a la evolución del mercado inmobiliario, o en función de la plusvalía real. De esta forma, el contribuyente podrá reclamar que se le aplique la plusvalía real si la diferencia entre el valor de trasmisión y el de adquisición es inferior al resultante de la estimación objetiva. Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Los ayuntamientos tendrán competencia para rebajar esos coeficientes, en tanto que también podrán rebajar hasta un 15% los valores catastrales para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Con este decreto, los ayuntamientos de ciudades como Getafe, Lleida, Málaga, Zaragoza, Murcia, Córdoba, Alicante, Jerez de la Frontera, Móstoles, Huelva, Badalona, Cádiz, Segovia, Girona, Cuenca, Teruel y Granada, perderán más del 25% de recaudación en concepto de plusvalía municipal. En términos absolutos, Gestha calcula que los ayuntamientos más damnificados (pero con los ciudadanos más beneficiados), serán los de Barcelona (-38 millones), seguido de Málaga (-11,9 millones), Zaragoza (-9,2 millones) y Murcia (-7,1 millones), ya que tenían unos porcentajes anuales superiores a los nuevos coeficientes máximos aprobados por el Gobierno, y que necesariamente tendrán que ajustarse a ellos.

Por el contrario, los habitantes de cuatro capitales tendrán que pagar más, y por lo tanto sus ayuntamientos aumentarán sus ingresos, según sostienen los técnicos de Hacienda. Se trata de Madrid (73 millones), seguida a gran distancia por Santander (15 millones), León (6,7 millones), Soria (3,8 millones) y Albacete (1,8 millones), al tener aprobados unos porcentajes anuales inferiores a los nuevos coeficientes máximos, salvo que en las nuevas ordenanzas fiscales aprueben unos coeficientes inferiores.

Otros 85 millones perdidos por un vacío legal

Con estas cifras sobre la mesa, los técnicos han instado al Ministerio de Hacienda a que elabore una herramienta informática que facilite adaptar sus ordenanzas fiscales a los ayuntamientos más pequeños mediante una simulación de las ventas históricas de inmuebles situados en el término municipal, a la vista de las diferencias recaudatorias entre municipios.

Este agujero se ve ensanchado por las pérdidas por valor de 85 millones de euros en los ayuntamientos desde que la tasa quedó en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional (26 de octubre) hasta su entrada en vigor (10 de noviembre). Como el decreto ley que reforma la plusvalía municipal no puede aplicarse con carácter retroactivo, los ayuntamientos no pudieron cobrar por las operaciones realizadas durante ese periodo de vacío legal, lo que benefició a los propietarios que vendieron durante este periodo.