Hacienda inicia la cuenta atrás de sus impuestazos ambientales

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha avanzado que la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero llegará “próximamente” al Consejo de Ministros. Esta medida ya estaba prevista en el Plan de Recuperación, junto con otros impuestos medioambientales como el de residuos en vertedero o para envases de plástico, ha recordado Bardón en la inauguración del XXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado en Vigo.

La secretaria de Estado ha explicado las diferentes modificaciones normativas previstas en el Plan de Recuperación en el ámbito tributario, con el objetivo de impulsar la recuperación económica. Así, ha insistido en que la reforma fiscal para adaptar “el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI” entrará en vigor “a más tardar en 2023″ y se basará en el informe que el comité de expertos emitirá en febrero. La reforma tendrá que encontrar un equilibrio entre la consolidación de las cuentas públicas y el crecimiento económico, ha añadido, “en un momento en que la recuperación económica permita incorporar los cambios estructurales necesarios”. La reforma se complementará con una “mejora de la eficacia del gasto público” gracias a la revisión que está llevando a cabo la AIReF, que tendrá seguimiento anual.

La recaudación por impuestos ambientales en España llegó a 19.750 millones de euros en 2020, lo que supuso un descenso del 10,3% respecto al año anterior. Así, la fiscalidad ambiental representó el 7,7% del total de impuestos de la economía española frente al 7,9% de 2019, según las Cuentas ambientales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cuentas ambientales reflejan que en 2020 refleja que los hogares pagaron el 47,2% del total de impuestos ambientales; 5,7 puntos menos que el año anterior. De acuerdo con la clasificación del sistema de cuentas ambientales, los impuestos sobre los productos, ya excluido el IVA y los impuestos sobre las importaciones alcanzaron un total de 15.443 millones de euros, un 13,5 por ciento menos que el año anterior.

Por lo que respecta a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, Bardón ha hecho especial hincapié en la necesidad de modernizar la Agencia Tributaria y rejuvenecer su plantilla. También en la necesidad de mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, por ejemplo permitiendo la incorporación directa a la declaración de la renta de los datos de actividades económicas consignados en libros registro o con el impulso de las administraciones digitales integrales.

En su intervención, el presidente de la asociación de inspectores, Julio Ransés Pérez, ha instado a adoptar medidas complementarias a la ley de lucha contra el fraude, ya que “el fraude fiscal es muy dinámico” y necesita herramientas adicionales a las “importantísimas” ya incluidas en la normativa. Junto a ello, también ve necesario una reforma “integral” de la propia Agencia Tributaria, porque la situación de España no es la misma que cuando se creó en los noventa del pasado siglo y necesita convertirse en la administración tributaria “del siglo XXI.” Asimismo, ha valorado que la futura reforma fiscal permitirá lograr un sistema tributario “eficaz, eficiente y que llegue” para asumir el reto de sostener el estado del bienestar.

Estas reformas se enmarcan en el Plan de Recuperación, ha recordado, cuyos ejes principales son la transformación ecológica, un ámbito en el que “la reforma de la imposición medioambiental no se puede hacer esperar”, y la digital, un área en que “las administraciones públicas no pueden ser ignorantes”.